Recibí un sobre sin remitente, dentro había un papel con mi fotografía ampliada a color y la amenaza de muerte sobre mi frente. El hecho me presentaba la decepción empírica de la locura por el poder.
Mi común reacción para minimizar cualquier peligro canceló la posibilidad de que hubiera un verdadero riesgo. Me tomó unas tres llamadas a los expertos en censura y riesgos entender que no era el juego de algún ocioso con rabia mal enfocada. Abandoné entonces ese temple de calma que aprendí de mi padre y me permití sentir miedo, dejé que la sensación de vulnerabilidad me tocara la piel y encogiera mi estómago, hasta que el temor se me hizo tristeza, desaliento, impotencia.
Ya había experimentado esa desolación: el 5 de junio de 2009 cuando murieron 42 niños al quemarse las cuentas públicas del gobierno de Sonora; en septiembre del año pasado cuando desaparecieron 43 estudiantes en un confuso operativo en el que la autoridad y el crimen son socios del saldo; este año con el abatimiento de Tlatlaya en el que acribillaron a decenas sin permitirles el debido proceso jurídico; nuestros niños muertos a bala perdida, uno en Puebla por el ataque de policías estatales a manifestantes y otro en Michoacán durante los disparos del Ejército a comuneros; los números ocultos de los feminicidios; las prácticas de tortura; la concentración de poder que cierra posibilidades para la representación de la pluralidad.
Los temas que selecciono para analizar causas, actores implicados y posibles soluciones, son los que me quitan el sueño. En el insomnio imagino cómo duermen quienes disparan, pero sobre todo cómo logran descansar los que instruyen los ataques. ¿Alguno de ellos tiene pesadillas como las tenemos muchos recordando la imagen de Francisco Kuykendall en estado vegetal por bala de fuerzas armadas?
La amenaza se vuelve pesada e insostenible con la incertidumbre que genera su anonimato. Las preguntas no se detienen: ¿Por qué a mí habiendo valientes reporteros que están presentes en zonas de guerra y revelan datos que son producto de su investigación? ¿Qué tanto puede incomodar una articulista?
Cuando escribo espero ingenuamente que caigan al menos un par de líneas en la síntesis informativa que reciben las autoridades a las que apelo, para que algún asesor sugiera que en vez de enfrentamientos con civiles se tomen rutas de diálogo, de prevención del delito, de reconciliación social, de toma de decisiones participativa. Sobre todo espero mover emociones, porque estoy convencida de que sin emociones los cambios no se desatan.
Hasta el martes podía suponer que alguna autoridad podría estar incómoda con mis análisis, pero no había elementos para asegurarlo. Sin embargo, la sospecha se incrementó el miércoles cuando por la noche observé a un par de agentes de tránsito que fotografiaron la fachada del edificio en el que habito. El jueves por la mañana sobre mi calle a media cuadra de mi entrada se instaló por un par de horas un Volkswagen Jetta de la Sedena, un hombre de mando permanecía afuera leyendo el periódico recargado en la puerta y dos de sus subordinados con uniforme de cabos miraban hacia mi edificio y caminando en la zona. Podrían ser meras coincidencias, pero la percepción de hostigamiento es inevitable.
Presenté fotografías y placas de ambos ante el mecanismo de protección a periodistas y defensores de la Segob, quedarán integrados a la averiguación previa en la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Libertad de Expresión de la PGR. Cuento con el apoyo de EL UNIVERSAL y Uno Noticias, en donde publico mis reflexiones y tengo el acompañamiento de las organizaciones Artículo 19, Agustín ProDH y Cimat.
Mi desolación se transformó en determinación contra el uso miserable del poder. No dejo de pensar en compañeros periodistas y lo que enfrentan cuando sufren hostigamiento y amenazas. Así que en un compromiso por convertir esta experiencia en un evento productivo para redefinir en qué invertiré mis energías en la vida, me queda claro que estoy obligada a documentar y replantear las condiciones adversas para la libertad de expresión que el régimen actual pretende institucionalizar.
Analista política y activista ciudadana
