El Estado va concesionando bienes públicos sin preocuparse por las consecuencias. En marzo de 2015 MVS despidió a Carmen Aristegui y su equipo; gracias a que nos amparamos la Suprema Corte podría atender el desorden que priva en la república de las concesiones.
Practicar el periodismo en México es como subirse a la montaña rusa de la incertidumbre. Salvo excepciones, lo común es la ambigüedad sobre los márgenes para la libertad de expresión. Al gobernante represor o corrupto no le gusta ser expuesto y hace lo posible por suprimir la crítica. Luego está lo que Owen Fiss, profesor de la Universidad de Yale, llama "censura empresarial" (la ganancia determina los temas que se toleran y los que se silencian). La radio y televisión son "concesiones" entregadas por el Estado; el empresario se compromete a que la información sea "veraz y objetiva", pero hacen lo que quieren, porque el Estado se despreocupa de ese tema.
En 2009 Carmen Aristegui me invitó a formar parte de la Mesa Política en la que ya participaban Denise Dresser y Lorenzo Meyer. A partir de entonces revisamos, cada lunes, los temas del momento ejerciendo a plenitud la libertad de expresión. Sabíamos, por supuesto, que con frecuencia afectábamos intereses e irritábamos poderosos. Los dueños de MVS, los Vargas, aguantaron hasta que la presión oficial y la defensa de sus intereses los hizo buscar un pretexto para cerrar el espacio. Hay suficientes indicios para pensar que la chispa que desencadenó la furia fue el reportaje sobre la Casa Blanca de la pareja presidencial; también influyó su hartazgo con la independencia que ejercía Carmen y su equipo.
Semanas después Denise, Lorenzo y quien escribe recibimos la propuesta de Margarita Griesbach para presentar tres amparos. Nosotros buscaríamos la protección de la justicia porque se había violado nuestra libertad de expresión; tendríamos acompañantes que invocarían su derecho a la información "veraz y objetiva". Mi pareja fue Manuel Gil, colega de El Colegio de México; Denise fue con Luis Zambrano, profesor del Instituto de Biología de la UNAM; y Lorenzo tuvo a la institución dirigida por Griesbach, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI).
Los amparos se presentaron en mayo y siguen vivos gracias a las positivas modificaciones a la Constitución del 10 de junio de 2011 y las hechas a la ley de amparo en 2013. Estas reformas diferenciaron entre "interés jurídico" e "interés legítimo". El primero requiere la existencia de una relación directa y contractual. La compañía MVS argumenta que nuestro amparo no procede porque ninguno de nosotros cae en ese supuesto.
El interés legítimo amplía considerablemente los márgenes porque considera que basta con demostrar que hubo una afectación indirecta o circunstancial. Nosotros argumentamos que MVS está usufructuando un bien público y que representa al Estado. MVS estaba obligado a respetar la libertad de expresión y el derecho a la información y varias dependencias federales tenían la responsabilidad de protegernos.
Los jueces que han fallado sobre el caso de MVS (aquí incluyo los litigios presentados y perdidos por Carmen Aristegui) no se han puesto de acuerdo sobre las diferencias y alcances de interés jurídico o legítimo. Oscilan. Dudan. Este jueves 26 de noviembre el Segundo Tribunal Colegiado especializado en telecomunicaciones tendrá una audiencia pública como parte de esa búsqueda de armonización.
La Suprema Corte tiene la posibilidad de aprovechar el despido que hizo MVS de un grupo de periodistas y analistas para asumir el papel de árbitro sabio e imparcial que revisa el tema de las concesiones en telecomunicaciones. El asunto tiene una importancia general dada la variedad y enormidad de la lista de "concesiones".
Para preparar esta columna conversé con Margarita Griesbach y le pregunté ¿por qué se habían metido a trabajar gratuitamente en un caso tan complejo? "Lo hacemos", dijo, por el "puritito gusto" de defender jurídicamente principios fundamentales para la democracia mexicana. Sigue confirmándose la hipótesis que manejé en una columna previa: una pléyade de jóvenes ha irrumpido en la vida pública y se han convertido en agentes del cambio aprovechando las leyes.
Corresponde a los ministros de la Suprema Corte atraer el caso de MVS para empezar a establecer si pesan más los intereses del empresario que usufructúa una concesión o si, por el contrario, tienen prioridad los derechos garantizados en la Constitución.
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Colaboró Emilio González González.
