"Me tiene profundamente consternado", dice Enrique Peña Nieto sobre la fuga de El Chapo Guzmán. Un suceso "lamentable". Un evento "indigno". El Presidente expresa su preocupación por algo que empaña su reputación, que pone en tela de juicio la competencia de su gobierno, que revela la debilidad institucional que ha hecho poco por encarar, que arruina su viaje -con 441 invitados- a Francia. Es lo único que alcanza a balbucear. Es lo poco que logra articular. Un jefe de Estado paralizado ante su resquebrajamiento. Paseando, saludando, invitando a invertir en un país donde el gobierno ha sido tan corrompido que no puede mantener a un capo en la cárcel. Donde aprehenderán, torturarán y castigarán al director del penal y a un puñado de funcionarios menores, pero la disfuncionalidad institucional continuará.
La fuga del capo produce hilaridad porque la población ya no sabe qué hacer o pedir o exigir. Se suma al escándalo de la semana, a la incompetencia del mes, al incidente más reciente de corrupción revelada, pero no aclarada. Esa es la narrativa del sexenio. No "Mover a México" sino "Mentir a México". Dejar allí pendientes tan largos y tan inexplicables como el túnel de 1.5 kilómetros que Guzmán Loera recorrió. Pendientes en materia de justicia y verdad que el caso de Tlatlaya evidencia. El Chapo acaparará la atención, pero Tlatlaya la merece y más. El primer caso muestra cómo un hombre desafía exitosamente al Estado; el segundo ilustra cómo ese Estado se pudre por dentro. Allí, inocultable. Allí, condenable. El papel que las Fuerzas Armadas han jugado en la violación de los derechos humanos debido a la "política de seguridad nacional".
En Tlatlaya el Ejército siguió órdenes expresas que fungen como verdaderos incentivos para "abatir". Para ejecutar. Para matar. Como lo revela la investigación del Centro Prodh - "Tlatlaya a un año: la orden fue abatir"-, llegó el momento de reflexionar sobre la fuerza letal y su uso. Llegó la hora de investigar al Ejército en vez de resguardarlo cuando se excede. Cuando usa el argumento de enfrentamientos con "grupos de delincuentes" a los cuales ejecuta en lugar de apresar y llevar a juicio. Cuando la PGR ha ejercitado acción penal en contra de 7 militares por el homicidio de 8 personas, pero según los testigos el número de muertos es mayor. Las autoridades no han terminado de esclarecer los hechos aunque afirmen lo contrario. Y peor aún, el documento descubre que los mandos más altos de la Sedena dan órdenes ilegales, que corresponden a la autoridad civil.
Órdenes como acciones para "reducir la violencia" que se planearán y ejecutarán "en horas de oscuridad". Órdenes como "abatir grupos delictivos" que son designados a priori y arbitrariamente, sin presunción de inocencia o juicio previo. Órdenes para cometer ejecuciones extrajudiciales y luego tratar de ocultar que ocurrieron. "Abatir" para el Ejército significa matar, por más debates semánticos que ha habido al respecto. "Abatir" para el Ejército significa ejecutar a quienes presume son culpables, aunque no lo sepan a ciencia cierta. La revisión de comunicados entre la Sedena y la Secretaría de Marina lo constata. La cadena de mando envía una orden y los soldados la llevan a cabo como lo hicieron en Tlatlaya.
Y hay muchos a quienes este reclamo al Ejército les parece injusto. Nos protegen, dicen. Dan la vida, subrayan. Lo hacen por cuestiones de seguridad nacional, reiteran. Pero estos argumentos soslayan un tema central: en las democracias funcionales el Ejército no es un archipiélago de impunidad. Rinde cuentas, responde a preguntas, es sujeto de investigaciones por parte del Congreso, es sometido al escrutinio. Así como deberían estarlo el general Cienfuegos, el general Godínez, el general Ortega, el comandante Castro, y el teniente Rodríguez. Todos ellos deberían ser citados a comparecer en el fuero civil. Todos ellos deberían entender que la orden de "abatir delincuentes en horas de oscuridad" es incompatible con estándares que rigen la actividad castrense en un Estado democrático. En un Estado de derecho.
Hoy la atención estará centrada en El Chapo y quien lo ayudó a escapar. Pero el tema de fondo por el cual primero existe y después logra huir sigue allí. Una guerra no declarada, un conflicto armado interno, una suspensión fáctica de garantías individuales, un enemigo invencible -el narcotráfico- y las secuelas de violencia y criminalidad que produce. Sí, Peña Nieto seguramente está "profundamente consternado" por su imagen. Los demás estamos profundamente consternados por el país.
