A la memoria de Óscar Isidro Ortiz Reyes, íntegro y digno hasta el final
El gobierno mexicano le reclamó a Washington por el contenido del Informe 2014 del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el país. La explicación está en el viraje que está dándose en la política sobre el tema.
Desde 1977 el Departamento de Estado hace un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Usualmente pasa desapercibido el que se refiere a México; la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al de 2014 con un breve comunicado pidiendo cambios en las "mecánicas unilaterales de revisión", sin fundamentar lo que dice ni explicar lo que quiere.
Los informes de los tres últimos años son tan parecidos que el llamado Resumen Ejecutivo repite ideas y copia párrafos. Siempre dicen que la situación está mal, enumeran hechos y maquillan realidades incómodas. Lo demuestro.
Washington sufrió un ataque de amnesia selectiva al hablar de los migrantes que tuvieron la desgracia de atravesar México. A mediados de 2014 se desencadena el escándalo por la invasión de menores no acompañados a los Estados Unidos. Para Barack Obama fue una "tragedia humanitaria" y para resolverla conversó con Enrique Peña Nieto en junio de 2014. Ignoramos lo que se dijeron, sabemos que desde entonces el programa mexicano Frontera Sur hace el trabajo sucio de Washington encarcelando y deportando migrantes.
Emilio González González estudia el tema y me proporcionó unas inquietantes cifras recibidas del Instituto Nacional de Migración. En 2013, México deportó a 6,651 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños; en 2014, ya fueron ¡113,583! y cuando termine 2015 superarán los 150 mil. Después de junio del 2014 el Departamento de Estado calla sobre los maltratos y extorsiones que padecen los migrantes de manos de delincuentes y autoridades mexicanas.
Dado que esta forma de manejar los temas incómodos es lo común en estos Informes anuales, sostengo que el reclamo mexicano responde, más bien, a un viraje de fondo en la política mexicana. En algún momento del año en curso el peñanietismo se decidió a frenar o neutralizar las críticas y señalamientos del exterior. Y para demostrar que va en serio le levantó -un poquito- el tono de voz a Washington.
El momento más claro del viraje fue el agarrón que se dieron sobre la tortura -entre el 9 de marzo y el 5 de abril de este año- el gobierno de México y Juan Méndez, relator especial de las Naciones Unidas. México enfureció porque Méndez escribió que "la tortura y los malos tratos son generalizados en México". Lo curioso es que un año antes (mayo de 2014) Juan Méndez había presentado conclusiones preliminares y aseguró que "aún persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos en México". En 2014 Relaciones Exteriores le agradeció las recomendaciones, y en 2015 se le lanzó a la yugular.
El mismo comportamiento se observa en Ayotzinapa. Para responder a las críticas, el gobierno mexicano invitó -y hasta financió- a un grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en el Informe que rindió este grupo el pasado lunes hablaron de que está cayendo una "nube de silencio" sobre el tema. Así era antes.
El retroceso también se advierte en la remoción de Miguel Sarre a la candidatura para formar parte del Comité contra la Tortura de la ONU; quitaron al experto y pusieron a un diplomático experimentado en seguir las instrucciones gubernamentales. En círculos bien informados aseguran que crece la añoranza en el ejecutivo por los suaves modos de Raúl Plascencia, el anterior presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; les indigestan cada vez más las decisiones y pronunciamientos del titular, Luis Raúl González.
El esfuerzo por acallar voces incómodas ni resuelve el drama de las víctimas abandonadas, ni frenará el escrutinio internacional porque México ya está, por fortuna, abierto al mundo. Hay que reconocer que el gobierno tendrá aliados, y entre ellos destaca Washington, cuya complicidad desaparecerá cuando la comunidad de derechos humanos de aquel país, o algún congresista, descubran que los Informes sobre este tema en México son complacientes, mañosos y poco útiles.
En ese marco ubiquemos el críptico reclamo mexicano por el Informe anual del Departamento de Estado. Es el típico desplante de una riña entre dos alegres compadres a los que importa muy poco lo que pasa con las víctimas.
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Colaboró Maura Álvarez Roldán.
