Estas últimas semanas se han registrado entusiasmadoras acciones donde activistas, especialistas y servidores públicos suman esfuerzos y concretan cambios interesantes, y también se han visto acciones donde ambiciones grupales o personales, fincadas en la transa, amenazan a las instituciones y las deterioran.
En el primer caso destaca la apertura del debate sobre la mariguana a partir del otorgamiento de un amparo; en el segundo, el ungimiento y la caída de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito, así como la reelección y la impugnación del magistrado Édgar Elías Azar como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Si ambas acciones se dieran en un marco de relativa estabilidad política, social y económica, se podría afirmar que el país tensa sus posibilidades, pero no es así. Unas y otras ocurren en un marco de descomposición, malestar y adversidad y, entonces, de pronóstico reservado es determinar si el país podrá conjurar el peligro de resbalar a un estadio inferior de aquel en el cual se encuentra.
La ausencia de liderazgos con poder y autoridad moral, capaces de contener -o restringir, al menos- las pequeñas ambiciones, la transa como norma, está vulnerando la credibilidad en las instituciones. Seguir por esa ruta cualquier día colocará al país ante una crisis constitucional, pese al esfuerzo de quienes conciertan esfuerzos para darle otra perspectiva a la circunstancia.
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En principio, esta semana la juez de distrito en materia penal, Rosa María Cervantes Mejía, deberá obsequiar o no la orden de aprehensión del dirigente verde, Arturo Escobar, para que responda por los delitos que persigue el fiscal electoral, Santiago Nieto: reparto ilegal de dádivas y contratación de proveedores no autorizados.
Si la juez y el fiscal no son objeto de presiones políticas -o si lo son, pero las resisten- y sus decisiones responden al afán de procurar y administrar justicia, en algo se fortalecerá el Estado de derecho. Si son sujetos de esas presiones y ceden, se confirmará que el régimen electoral y político se aparta de la senda institucional en favor de la transa.
El punto interesante de este asunto es cómo la sola decisión de un fiscal expone la laxitud o la tibieza, dicho con elegancia, de las autoridades electorales, consejeros y magistrados, ante un dirigente y un partido político que hizo de la violación de la ley y las sanciones correspondientes una rentable inversión política. Y exhibe también la ligereza, por decirlo de algún modo, del gobierno que a sabiendas de la improcedencia del nombramiento de Arturo Escobar -la denuncia en su contra data del pasado 13 de marzo- lo colocó, justo ahí, donde designarlo constituía un agravio: la subsecretaría de Prevención del Delito.
Lo más curioso del caso es que, pese al evidente apuro en que se encuentran Arturo Escobar y el Partido Verde, los dirigentes de esa organización, los senadores Carlos Puente y Pablo Escudero así como el diputado Jesús Sesma, no se interesen por encarar el problema, exigirle cuentas a su compañero y enfrentar debidamente la acusación. No. Han resuelto denunciar al fiscal Santiago Nieto por, según su dicho, violar la confidencialidad y la secrecía de una averiguación. No les importa cometer delitos, sino que se sepa. Los tucanes le tiran a las escopetas.
Ahí, en la actuación de un grupúsculo político solapado por las autoridades electorales y utilizado por el gobierno como ariete en las elecciones, se pone en juego la credibilidad de la instituciones. ¿Qué prevalecerá, la transa o el derecho? ¿Los activistas sociales se pondrán detrás de la juez y el fiscal o los dejarán solos?
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Algo semejante ocurre con la reelección del magistrado Édgar Elías Azar al frente del Tribunal Superior de Justicia.
Desde el primer momento que, con el beneplácito de la jefatura del gobierno capitalino y la doblez de los entonces asambleístas, se impulsó la reforma de la Ley Orgánica que abría la puerta a la reelección del magistrado, se advirtió el riesgo de violentar artículos constitucionales o, al menos, de vulnerar el principio de no reelección.
Nada importó. Miguel Ángel Mancera se hizo de la vista gorda, las agrupaciones de abogados nada dijeron, la mayoría de los entonces asambleístas aprobaron la reforma y, luego, producto de la complicidad o la coerción política, el grueso de los magistrados vio en Édgar Elías Azar al hombre destinado a eternizarse al frente del Tribunal.
Si bien en enero el magistrado insustituible asumirá la presidencia del Tribunal, la aceptación de dos amparos cuestiona la legalidad de la operación realizada. Falta por ver la conclusión, pero es evidente que cualquiera que sea la resolución final, Édgar Elías Azar presidirá el Tribunal sin la imprescindible legitimidad de la cual todo juez debe revestir su actuación.
Si por un mínimo decoro se esperaría que el magistrado Elías Azar reaccionara con elevada conciencia y humilde actuación al cuestionamiento de su reelección sin importar la resolución legal del asunto, eso no ha ocurrido. Silencio es la respuesta.
Un par de amparos exhibe la falta de rectitud con que se conducen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la capital de la República y ni uno solo de los involucrados ha salido a manifestar su opinión en torno al predicamento en que se encuentra. La sola decisión de dos magistradas del Tribunal de inconformarse con lo sucedido cuestiona al conjunto del régimen político capitalino.
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Falta el desenlace de ambos asuntos. Sin embargo, claro está que lo legal no siempre incluye lo moral.
En estos días, acciones concertadas de activistas, especialistas y auténticos servidores públicos arrojan interesantes resultados. En estos días, acciones concertadas a partir de la transa política entre funcionarios y dirigentes políticos vulneran las instituciones.
En el tiempo y la velocidad de cada una de esas acciones se juega el porvenir de la República.
