Las ciudades mexicanas han sido devastadas por desarrolladores deshonestos, funcionarios corruptos e integrantes del poder judicial inmorales. Afortunadamente, hay ciudades con vecinos organizados que se benefician de reformas legales y jueces honestos.
El urbanismo salvaje tenía cadencia y lógica. Primero se daba el cambio subrepticio en el uso del suelo; luego venía la construcción acelerada para sorprender a vecinos indefensos porque jueces y magistrados les negaban el interés jurídico o legítimo. La destrucción de tejido social tenía, entre sus consecuencias nocivas, abrir espacios al crimen organizado.
El negocio fue fabuloso. En la capital una organización, Suma Urbana, calculó en 4 mil los edificios ilegales construidos al amparo de la Norma 26 durante la última década. Si se usan las estimaciones de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) esa actividad generó ingresos ilícitos por unos 203 mil millones de pesos. La destrucción provocó la reacción vecinal y metió el tema a la agenda pública. El martes 25 de este mes las agrupaciones vecinales organizaron un foro llamado "La ciudad que merecemos: de la ciudad de los palacios al caos inmobiliario", al cual asistieron legisladores y delegados electos. Los vecinos demostraron que saben protestar y proponer.
Llevo a estas generalizaciones a una batalla concreta porque el desenlace es muy importante. Desde hace 34 años paso todo el tiempo que puedo en un condominio de Jiutepec, Morelos, que comparte espacio con colonias populares y comunidades atrapadas entre lo rural y lo urbano. En 2009 gobernaba el municipio el ahora senador por Morena (ex PRD), Rabindranath Salazar. Para buscar otro cargo dejó como interino a un tal Alejandro Cruz que rápidamente armó la aprobación, en septiembre de aquel año, de un cambio de uso de suelo que autorizaba la construcción de 235 viviendas donde sólo podían construirse 40; era una ilegalidad absurda porque el conjunto carecía de agua potable o drenaje. Se beneficiaba una empresa, Tecnourbe, que contaba con la protección de Hugo Salgado, entonces secretario de Turismo del gobernador panista Marco Antonio Adame. La típica complicidad empresarios-funcionarios que devastan los entornos para su beneficio.
Se unieron vecinos de condominios, comunidades y colonias para protestar y pedir freno a lo ilegal. Nada pasó. La empresa derrochaba la arrogancia de quienes cuentan con el respaldo de gobernantes, leyes y jueces que respondían a la medida de sus intereses. De ahí nació una organización permanente, la Unión de las 900 Hectáreas -participo en ella--, que entre otras medidas, interpuso acciones legales aprovechándose de que había un abogado experimentado en esos temas (Roberto Soto Castor).
La historia jugó a favor de los vecinos. El 10 de junio de 2011 se incorporaron a la Constitución los derechos humanos y en 2013 cambió la ley de amparo.
Pasaron cinco años de idas y vueltas en los tribunales. El de Morelos (Contencioso Administrativo) desechó la queja vecinal invocando falta de interés jurídico y legítimo. El Tribunal Federal Colegiado -integrado por Nicolás Nazar Sevilla, Enrique Magaña Díaz y Ricardo Ramírez Alvarado- amparó a los vecinos con un fallo de gran trascendencia para quienes desean frenar el urbanismo salvaje. Resolvió que los vecinos sí tienen "interés legítimo" en asuntos ambientales y que el tribunal de Morelos debía reponer el juicio con ese principio.
Los jueces de Morelos obedecieron pero, en lugar de declarar ilegal la acción, regresaron el asunto al punto de partida. La decisión corresponderá al gobierno municipal que sigue en manos del PRD. La batalla está inconclusa, pero por ahora el fallo del Tribunal Federal representa una bocanada de esperanza para los vecinos agredidos por las construcciones ilegales.
En la batalla por el uso del suelo nos jugamos calidad de vida, Estado de derecho y antídotos contra la violencia criminal que se infiltra por la destrucción del tejido social y urbano. Frenar el urbanismo salvaje es un asunto de ética pública y seguridad nacional.
LA MISCELÁNEA
Yazmín Esquivel es una magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del DF que se ha distinguido por proteger a los depredadores urbanos y por incurrir en conflictos de interés. Pese a la evidencia, Miguel Ángel Mancera la nominó para que la ALDF la ratificara en el cargo y ahora se evade con excusas infantiles. ¿A quién sirve el jefe de Gobierno?, ¿a la ciudadanía o a las constructoras?
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Colaboró Maura Álvarez Roldán
