Esta actualización tiene el objetivo de que las autoridades educativas estatales dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles, y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, padres de familia y los alumnos. (ARCHIVO)
La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Educación, a fin de atribuir a autoridades educativas federales y locales de manera concurrente, informar a la comunidad escolar los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que tienen en las escuelas.
Asimismo, incluir a las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, “inculcar a sus hijos o pupilos el respeto a las autoridades escolares y a las normas de convivencia en la escuela”.
El dictamen fue avalado por unanimidad, con 411 votos a favor, que adicionan una fracción XII Sextus al Artículo 14 y la fracción VI al Artículo 66 de la Ley General de Educación, y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Al argumentar el dictamen ante el Pleno, la diputada del PAN, Rocío Matesanz Santamaría, resaltó la importancia de la educación y de la reciente reforma educativa.
Señaló que los padres de familia son “los primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar y confiar en sus decisiones”.
La también promovente de esta reforma mencionó que en el Panorama Educativo de México 2014, publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), muestra que sólo dos a tres alumnos de 10 que estudian el tercer grado de primaria, son apoyados en sus hogares con las tareas escolares.
El INEE “asegura que para mejorar la calidad de la educación es indispensable una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes”.
En el documento también se comentó que la Ley General de Educación, tras la reforma de septiembre de 2013, tiene entre sus principales objetivos asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo.
Lo anterior, “con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes”.
Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se determina que se debe actualizar el marco normativo general que rige la vida de las escuelas de educación básica.
Finalmente, se señala que esta actualización tiene el objetivo de que las autoridades educativas estatales dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles, y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, padres de familia y los alumnos.
También deben “definir estándares de gestión escolar para mejorar el desempeño de los planteles educativos”.
