Al inicio de la década de los 20´s, la situación política del país era sumamente complicada. Apenas pasada la época de las confrontaciones armadas con motivo de la Revolución Mexicana, la mayoría de los personajes que fueron protagonistas de primera línea en esos acontecimientos, reclamaban posiciones de magnitud dentro del engranaje oficial, desde luego que esa situación trajo como resultado un sinfín de dificultades a nivel nacional, ya que los acomodos y reacomodos que surgían a consecuencia de tales movimientos, no permitían que existiera un ambiente de tranquilidad en la mayoría de las entidades.
Durango, por supuesto no era la excepción. Todavía dentro de la etapa álgida del inicio de las luchas maderistas y constitucionalistas, las confrontaciones, lamentablemente, eran demasiado frecuentes. Los motivos no faltaban. Por un lado, el conflicto con el clero, que abiertamente apoyaba a los terratenientes y latifundistas, y enemigo declarado del reparto de tierra, causa del antagonismo de hacendados contra peones y campesinos, quienes a su vez, presentaron al congreso estatal la petición de reglamentar el número de sacerdotes en la entidad, misma que fue aprobada y hecha pública el 17 de mayo de 1923, quedando en suspenso por los conflictos violentos resultantes. Para colmo de los males, en 1926, se publicó el decreto del gobierno federal que reglamentaba el artículo 130 constitucional, conocido como "Ley Calles". La inmediata reacción de la Iglesia Católica fue suspender los cultos a partir del día 31 de julio de ese año, como una medida de presión que alentara la ira del pueblo y promoviera los enfrentamientos que condujeron a la rebelión de los cristeros, una lucha fraticida de 3 años que finalmente terminó con la mediación de la Santa Sede, que no respaldaba abiertamente ese conflicto, el cual terminó en el mes de junio de 1929, a pesar de que el arzobispo de Durango rechazaba todo acuerdo que no considerara a México como una nación oficialmente católica.
Mientras tanto, el general Álvaro Obregón, gran triunfador de las contiendas militares contra el villismo y el carrancismo, que ya había sido Presidente de la República, lleno de prestigio en una afamada carrera militar, gozando del apoyo y respaldo mayoritario del ejército nacional, fraguaba su posible reelección y manejaba sus cartas abiertamente con ese propósito, a pesar de encontrar una franca oposición de antirreeleccionistas, como los senadores por Durango: general Jesús Agustín Castro Rivera y el dirigente y luchador social, licenciado Alberto Terrones Benítez, quienes se opusieron a esa designación y a consecuencia del voto mayoritario del Senado, rápidamente sufrieron las consecuencias, pues el primero se vio obligado a solicitar licencia definitiva y fue puesto en disponibilidad por el ejército, alejándose de la vida política y del cargo militar. El segundo, se regresó a Durango a trabajar con miras a tiempos futuros, más promisorios, ya que aspiraba a la gubernatura.
Para controlar totalmente la situación, Obregón impuso como candidato al gobierno del estado al general Juan Gualberto Amaya, quien carecía completamente de arraigo en Durango. Para enfrentarlo se formó una fuerte alianza política con varios partidos, sindicatos y confederaciones que postularon al licenciado Terrones Benítez. Obregón, dispuesto a no tolerar oposiciones, envió a los cuantos días a la capital de la entidad, un destacamento militar comandado por el general de división José Gonzalo Escobar, jefe de operaciones en Coahuila y muy cercano al caudillo, con la misión de provocar la caída del gobernador Enrique R. Nájera, quien había sido acusado por Amaya de apoyar a sus opositores, el cual presentó su renuncia en forma "voluntaria", designándose como gobernador sustituto, al diputado local José Aguirre, paisano, amigo y compadre de Amaya. Tras el cuartelazo militar la alianza se retiró de la contienda, después de denunciar la descarada ilegalidad imperante en la entidad. El Partido de Obregón, quien se había reelecto en el cargo de presidente, despreciando la bandera del antirreeleccionismo enarbolada en el pasado movimiento revolucionario, logró imponerse en toda la línea en las elecciones locales y federales. Sin embargo, su gran triunfo caería en la desgracia total. El 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla de la capital del país, fue asesinado el poderoso presidente electo de México.
Con la muerte del general Obregón, nuevamente se presentaba otra gran crisis en Durango. Juan Gualberto Amaya, de pronto se había quedado sin el apoyo presidencial, pues no simpatizaba con los militares que respaldaban a Plutarco Elías Calles, principal figura en esos delicados momentos de tensión nacional, que con su astucia acostumbrada y a través de su célebre discurso emitido el día 1° de septiembre de 1928, con motivo de su último informe presidencial, anunció el fin de la era caudillista y el tránsito hacia el institucionalismo del país y a la vez el nombramiento del presidente interino en la persona de Emilio Portes Gil, para posteriormente convocar a la creación del "Gran Partido Nacional" hecho sucedido el año siguiente, ya que el día 1° de marzo de 1929 en la ciudad de Querétaro, se celebró la Convención Constituyente del Partido Nacional Revolucionario a la que concurrieron delegados de los partidos y sindicatos del país, con una gran mayoría de militares y políticos de mediano perfil, dirigidos hábilmente los trabajos por el general Manuel Pérez Treviño, presidente del Comité Organizador quien logró encauzar los trabajos a favor del callismo e imponer por mandato, la candidatura presidencial del Ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
Durante los siguientes años, el país y el estado se debatían en la vorágine de violencia originada por las imposiciones del maximato callista, decidido a prolongar el poder a costa de subordinar las instituciones y socavar los ideales revolucionarios. El escenario no solamente favorecía a los militares y a las élites callistas. También los grupos oligarcas, hacendados, banqueros, industriales y sobre todo los grandes capitales extranjeros, en particular los norteamericanos, se vieron favorecidos por la protección del Estado, en detrimento de las clases populares, ya que los obreros y campesinos vieron vulnerados sus derechos constitucionales, laborales y destruida su raquítica economía, lo que fue generando la exacerbación de los conflictos sociales que se traducían en movimientos de huelga, paros y continuas protestas, que no sólo no eran escuchadas, sino además reprimidas de manera violenta, para satisfacción de los grupos patronales, del campo y de la ciudad, que no dudaban en utilizar la fuerza con total impunidad, ante la complacencia de las autoridades.
Prueba de ello, fue el asesinato del líder agrario J. Guadalupe Rodríguez Favela y de su compañero Salvador Gómez, ambos dirigentes del Partido Durangueño del Trabajo y miembros del Partido Comunista, que a pesar de ser de ideología radical, expresada en la defensa de los movimientos obreros y campesinos, ante la rebelión escobarista, ocurrida en 1929, J. Guadalupe Rodríguez se colocaron al lado del gobierno mexicano, formando grupos de campesinos que recibieron armas del propio gobierno. Sin embargo, y a pesar de ese apoyo, Rodríguez fue asesinado el 14 de mayo de ese año, por parte del General Manuel Madinaveitia Esquivel, Jefe de Operaciones de Durango, sin formación de causa, argumentando haber recibido órdenes del general Plutarco Elías Calles, Secretario de Guerra, mediante un telegrama fechado el 13 de mayo de ese año, en que decía: "Proceda sumariamente en contra de J. Guadalupe Rodríguez y coacusados por robo de cartuchos propiedad del Ejército Nacional". Su muerte, provocó manifestaciones de protesta en las capitales más importantes del mundo, por parte de organizaciones afiliadas a la Tercera Internacional Comunista. También se realizaron atentados contra las embajadas de México en EEUU, Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo, por lo que el 23 de enero de 1930, el gobierno del presidente Emilio Portes Gil rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, al considerar que era quien orquestaba toda la conspiración. También en la región lagunera se realizaron manifestaciones por su asesinato, en las cuales se gritaron ofensas al presidente Pascual Ortiz Rubio y a Plutarco Elías Calles, a quien se hacía responsable de la muerte del líder comunista José Guadalupe Rodríguez Favela.
Este fenómeno de inestabilidad se mantuvo hasta la llegada del general Lázaro Cárdenas del Río, primero como candidato y después como Presidente de la República, quien ante la descomposición marcada que mostraban las relaciones sociales a lo largo y ancho del país, al igual que ocurría con las instituciones del Estado, que lejos de desempeñar sus funciones en acatamiento a los mandatos constitucionales, obedecían a los intereses de los grupos de poder, alineados a la autoridad política vertical del callismo, en contra de las grandes causas nacionales y de los intereses de la clase trabajadora, campesina y popular.
El choque de trenes entre el callismo y el cardenismo estaba a punto de suscitarse. Para el callismo autoritario, una postura democrática y reformista como la Cardenista, era un alto riesgo para su permanencia en el poder; para el originario de Jiquilpan, el autoritarismo, el militarismo y las componendas y alianzas del Estado con los intereses de la oligarquía, harían inviable cualquier proyecto de transformación, justicia social y modernización de las instituciones de México. Cárdenas, conocedor de la realidad del país, de las injusticias prevalecientes y del daño que seguía causando el caudillismo militarista, se preparaba para dar el golpe demoledor de timón que cambiaría el rostro del país, que involucraría seriamente al estado de Durango y a la región lagunera.
Continuará.
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