El conocimiento es la mejor terapia para la incertidumbre. Por ello es tan grave que la Secretaría de Gobernación quiera amordazar la historia.
El Senado de la República está discutiendo una propuesta de Ley General de Archivos que iba bien hasta que la capturó el equipo de Bucareli de Miguel Ángel Osorio Chong. Hay inquietud entre historiadores, politólogos y archivistas. De aprobarse en su estado actual anticipan un retroceso a un oscurantismo que considerábamos superado. Menciono algunos de sus defectos de mayor a menor.
La norma carece de fecha límite para la divulgación de datos personales. Las imprecisiones pueden llevar a una historia sin nombres. Es tan absurda la laxitud que permitiría tachar de las Cartas de Relación escritas por Hernán Cortés los nombres de los españoles y mexicas que protagonizaron la Conquista; o eliminar la identidad de quienes participaron en los debates del Constituyente de 1917. No estoy alucinando. Ya lo hacen con la historia reciente. El Archivo General de la Nación administra el acervo de la Dirección Federal de Seguridad y entrega documentos inútiles porque tienen borrados los nombres de los actores.
La ley propuesta abre la puerta a la purga de los documentos generados día a día por las dependencias oficiales. En el Artículo transitorio 14 se conceden dos años a los archivos históricos federales y tres a los estatales para "valorar" si los oficios o informes tienen valor histórico y pueden ser consultados. Si en su opinión carecen de valor los dan de baja, los destruyen. Ellos se erigen en jueces de lo que podemos conocer sobre su gestión.
El problema de origen, el huevo de la serpiente, es que la ley sigue dejando en manos de la Secretaría de Gobernación el manejo de los archivos (algo similar ocurre en los estados). Y quienes están a cargo de la "gobernación" son proclives a controlar lo que la sociedad debe saber. Un problema adicional es la tibieza del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) quien, en lugar de emular la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, tiende a imitar la conducta de siervo asumida por el Instituto Nacional Electoral.
La Ley General de Archivos que discute el Senado va contra las mejores prácticas internacionales. Alemania es un contraste notable. Ellos decidieron enfrentar, con claridad y determinación, un pasado trágico. Lo mismo exhiben los actos de barbarie del régimen nazi que los excesos cometidos por la República Democrática Alemana. La tesis es muy simple: cuando se conoce el horror puede evitarse su repetición. Es por ello que para dirigir los archivos de la policía política de la RDA la Stasi (Ministerium für Staatssicherheit), pusieron a una defensora de los derechos humanos que garantiza a cualquier ciudadano el acceso al pasado. Ellos sí entregan nombres, apellidos y fotos de los perpetradores.
Hay indignación y preocupación entre quienes entienden el enorme valor que tiene acceder a las fuentes primarias para escribir historias con independencia de los poderosos. Ya se han elaborado cartas y presentado propuestas que han sido patrocinadas por algunos senadores (es el caso con el independiente Alejandro Encinas y la panista Laura Rojas). Los esfuerzos de unos y otros se han estrellado en una Secretaría de Gobernación que resuelve las muchas frustraciones que vive en el combate al crimen organizado intentando controlar la historia.
Miguel Ángel Osorio Chong quiere ser candidato de su partido a la presidencia de la República. Quiero pensar que ignora las barbaridades que sus subalternos están cometiendo con la Ley General de Archivos. Por ahora está en manos de los senadores entregarnos una ley que promueva conocimiento de calidad; es imperativo que concedan autonomía real al sistema archivístico nacional y protejan los acervos. Una historia escrita sin acceso a las fuentes primarias se convierte en un potaje insípido e ilegible. Inservible.
Va en el mejor interés del Senado y de Gobernación tener buenos análisis sobre el crimen organizado, la corrupción y las amenazas que vienen del norte, entre muchos otros temas. Está en las manos de los senadores quitar las mordazas al conocimiento contenidas en la actual propuesta de Ley General de Archivos.
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Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer.
