Demoras. No se registra avance en el proceso de los profesores de inglés y el Tecnológico de La Laguna. (ARCHIVO)
El Instituto Tecnológico de La Laguna recibió de vuelta los bienes que habían sido embargados por el recurso legal de los profesores que fueron despedidos, pues confiaban en que pronto se resolvería el proceso, pero no fue así.
Nicolás Pascual Montes, abogado que lleva el proceso, dijo que se promovió un amparo directo y otro indirecto contra el recurso legal de los extrabajadores, como una medida para ganar tiempo, pero que no tiene razón de ser.
"No hay ningún avance, se han vuelto puras mentiras, tramitaron un amparo directo y uno indirecto para quitarse una responsabilidad que no tiene ninguna razón, tratan de hacer tiempo nada más, pensamos que era por el fin de año, pero no se les ve voluntad para tratar de arreglar el problema", manifestó.
Consideró que ni el juez de distrito ni el tribunal colegiado dará la razón al ITL, pues jurídicamente no la tienen, e insistió en que solamente se busca retardar el proceso.
Pascual Montes dijo que el tema tiene ya cinco años.
Como se informó oportunamente, exempleados ganaron al Tecnológico de La Laguna un embargo millonario por despido injustificado, pues la institución no respondió las denuncias, de acuerdo al expediente 2918/2010-SAP2.
Se trata de alrededor de 16 millones de pesos, de los cuales, se ejerció un laudo por un millón 442 mil, pero debido a la resistencia de estudiantes y profesores, sólo fueron señalados bienes por 20 mil pesos.
Pascual Montes dijo que el 23 de marzo de 2010, 19 personas rescindieron su contrato de trabajo con el Tecnológico por falta de pago de salarios, ante la JLCA, que remitió la denuncia al Tribunal de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de México, que lo envió al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en Saltillo, pero éste lo volvió a remitir a la JLCA de Torreón, luego de un año.
En Torreón se emitió un laudo el 19 de diciembre de 2014, donde se ordena al Tecnológico a pagar a cada uno salarios caídos e indemnización constitucional y legal por 20 días por año, así como partes accesorias (aguinaldos y prima vacacional). La institución educativa promovió un amparo directo, que fue desechado porque la firma no era del representante legal.
Entonces promovió un incidente de nulidad por falta de notificación del laudo, que salió a finales de noviembre del presente año y luego promovió otro amparo argumentando que apenas se enteraban del tema, ante lo cual, la JLCA dio entrada al acuerdo, pero fijó 180 días de salarios como subsistencia para cada uno de los trabajadores, como no se pagó, se ordenó el embargo por un millón 442 mil pesos.
