En veremos. El SAT aún no ha comenzado a investigar a los 33 mexicanos involucrados en Panama Papers, como el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de la constructora Higa.
El gobierno sólo necesita de voluntad política para comprobar si los 33 mexicanos involucrados en el caso Panama Papers -la filtración de información más grande conocida hasta ahora- incurrieron en posibles actos de evasión fiscal al recurrir a los servicios de la firma Mossack Fonseca, especialista en operaciones offshore.
Así lo afirman expertos fiscales, quienes aseguran que las autoridades mexicanas tienen las herramientas legales y tecnológicas para investigar a los contribuyentes involucrados en el caso.
El Servicio de Administración Tributario (SAT) puede solicitar el apoyo de la Procuraduría General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dicen.
"Tienen los recursos (para investigar) y lo van a hacer contra algunas empresas y empresarios. Pero lo van a hacer más por publicidad que por corregir una situación", afirma Henry Foulkes, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
"De que lo pueden comprobar y sancionar, sí se puede. Ojalá que lo hagan, que haya una revisión, una rendición de cuentas y que el caso sea transparente", dice Leticia Hervert, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Foulkes, sin embargo, cuestiona si realmente las autoridades quieren resolver el tema de fondo, que son los mecanismos de evasión fiscal.
Por el momento Aristóteles Núñez, jefe del SAT, ya aclaró que las inversiones en paraísos fiscales no son un delito, siempre que se paguen los impuestos correspondientes. Incluso afirmó que las empresas y empresarios involucrados todavía tienen tiempo para "autocorregirse".
Pero los expertos advierten que la obligación del SAT es fiscalizar a los contribuyentes para evitar la evasión y operaciones con dinero de procedencia ilícita.
Si no lo hace, "es como decir: 'jóvenes, no se vayan a salir' y deja la puerta abierta sin poner vigilancia", dice Miguel Ángel Martínez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Hervert afirma que el SAT cuenta con los elementos necesarios para investigar estos casos, pero percibe la falta de una justicia expedita, pues "hay gente que ha defraudado al fisco y le han condonado créditos fiscales".
Foulkes explica que el SAT tiene que solicitar la información oficial al gobierno de Panamá, ya que la investigación periodística no puede ser utilizada como prueba. Después, dice, debe indagar sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Pero en el caso de los Panama Papers, el gobierno de México no tiene la garantía de obtener la información de aquel país para determinar la inocencia o culpabilidad de los involucrados, porque no existe acuerdo de intercambio de información, explican los especialistas.
Sin embargo, Foulkes afirma que la autoridad puede usar las auditorías, los flujos en los bancos, la información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las casas de cambio donde se venden las divisas y las casas de bolsa donde hacen transferencias para seguir el rastro al dinero de los involucrados.
"Las instituciones financieras tienen que emitir reportes de las transferencias que se están haciendo de México hacia el extranjero", dice el especialista del CCPM.
En caso de encontrarse alguna irregularidad, las autoridades fiscales pueden iniciar actos de fiscalización al contribuyente para revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el origen de los recursos, afirma.
Si el dinero se repatria, como lo sugirió el jefe del SAT, también debe de investigar la procedencia de los bienes, dice Foulkes.
No obstante, desconfía que se haga investigación a fondo y que establezcan sanciones, ya que entre los involucrados existen empresarios, funcionarios y políticos allegados al gobierno.
"Hay clientes que deben 4,000 o 5,000 pesos de créditos fiscales y les embargan cuentas, pero aquí estamos viendo cantidades monstruosas de dinero y les dan facilidades", dice.
El experto prevé que "de todas las empresas que hay de mexicanos allá, sólo retomarán algunos casos para "salir del problema".
Para proteger los bienes
Martínez, de la UNAM, aclara que las empresas offshore no se crean para realizar negocios, sino para proteger bienes patrimoniales, regularmente en jurisdicciones con baja tasa impositiva y que no tiene convenios de intercambio de información con otros países.
El abogado Reginaldo Montaño, del despacho RMR, afirma que hay personas que utilizan este esquema para sacar su dinero debido a la inseguridad.
También es usado para proteger el dinero de una devaluación o hasta para ocultar los bienes de un cónyugue en caso de enfrentar un divorcio, explica Foulkes, del Colegio de Contadores Públicos de México.
Sin embargo, dice Martínez, el hecho de que estas compañías puedan ser constituidas con acciones al portador y que la legislación establezca el secreto fiscal, permiten que también sean usadas para defraudar al fisco o realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita ("lavado" de dinero).
"No necesariamente todo el dinero que se va a las empresas offshore y a los paraísos fiscales es dinero malhabido, pero es una puerta muy grande para que los criminales puedan esconder el origen ilícito de los recursos", dice Foulkes.
El contador considera que, además de los empresarios involucrados, es necesario investigar y sancionar a los despachos de contadores y abogados que se dedican asesorar a los contribuyentes para evadir al fisco.
"La compra de facturas y los esquemas agresivos de outsourcing son situaciones que parecen legales, porque tienen una factura que cumple con todos los requisitos, pero no tienen un soporte de la operación realizada, y ese dinero de las facturas es el que muchos empresarios se están llevando fuera por recomendaciones de los abogados".
Foulkes recuerda que hace aproximadamente 4 años el fisco inició investigaciones contra despachos que ofrecían alternativas de evasión. Sin embargo, ya no se les dio seguimiento porque en muchos de los casos los clientes eran personas relacionadas con el gobierno.
Para evitar estas situaciones, Montaño recomienda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortalezca el control sobre los contribuyentes mediante actos de fiscalización.
