Los diputados de las ocho bancadas dieron “luz verde” al dictamen, que reforma los artículos 6, 19, facción VII y 36, fracciones V y VI de dicha ley. (TWITTER)
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 413 votos a favor, un dictamen que reforma la Ley General de Desarrollo Social, a fin de precisar que el derecho a la vivienda debe garantizarse de forma digna y decorosa, principalmente para los grupos vulnerables.
Los diputados de las ocho bancadas dieron “luz verde” al dictamen, que reforma los artículos 6, 19, facción VII y 36, fracciones V y VI de dicha ley.
La promovente de la iniciativa, la diputada Carmen Victoria Campa, de Nueva Alianza, destacó la conveniencia de su propuesta, pues la Ley de Vivienda vigente establece que la vivienda digna y decorosa es aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos, construcción y salubridad.
Ello, que cuente con espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos y brinda a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión.
El dictamen, que se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación, señala en la exposición de motivos que el derecho a la vivienda en dicha ley se le da un trato genérico, sin considerar los alcances que sobre esta garantía establece la Constitución y la Ley de Vivienda.
“La Ley General de Desarrollo Social se refiere al concepto de vivienda de manera genérica y, bajo esta visión, por vivienda se entiende cualquier recinto, separado o independiente, construido o adaptado para el albergue de personas”, indica.
Subraya que las discrepancias entre los términos y los alcances que contiene la Ley General de Desarrollo Social y los de las Carta Magna, en relación al derecho a la vivienda, deben ser corregidas y armonizadas, a fin de evitar interpretaciones equivocadas.
La Comisión de Desarrollo Social consideró que armonizar la Ley General de Desarrollo Social con la Constitución Política y la Ley de Vivienda, es fundamental para garantizar el derecho a las familias para acceder y gozar de una vivienda digna y decorosa, particularmente para las que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables.
