César Camacho, diputado federal del PRI y jefe de la fracción de su partido en la Cámara Baja, asegura que los gobiernos estatales y locales han sido rebasados en su obligación de brindar seguridad pública. Es por ello, dice, que la Federación ha tenido que asumir el compromiso de mantener la seguridad interior frente al desafío creciente que representa el crimen organizado, echando mano de las fuerzas armadas.
En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, realizada durante una visita de cortesía a las instalaciones al diario y en la que manifestó su apoyo al candidato a la gubernatura de la coalición "Por un Coahuila Seguro", que encabeza el PRI, Miguel Riquelme, considera urgente aprobar una Ley de Seguridad Interior para regular claramente la intervención del Ejército y la Armada en situaciones extraordinarias de violencia y criminalidad.
El tema desde hace diez años en México es el de la seguridad y la discusión que se está llevando a cabo, y que posiblemente va a motivar un período extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, es la Ley de Seguridad Interior. Hay una falta de acuerdo en estos momentos en decidir qué alcances debe tener esta ley. ¿Cuál es la visión y la postura del Partido Revolucionario Institucional al respecto?
Bueno, primero creo que la seguridad es el tema con mayúscula. Creo que vale la pena recordar esa especie de pacto fundacional, ese contrato social como lo llamó Rousseau, de una sociedad incipiente, en la que los individuos ceden parte de su libertad a cambio de seguridad. Desde esa perspectiva los ciudadanos seguimos teniendo libertades acotadas, pero la seguridad parece echarse de menos. La seguridad es elemental en cualquier sociedad, en cualquier grupo humano, porque es la condición sine qua non para la ecuación y en consecuencia para el empleo. Es requisito para que haya justicia, para que haya ejercicio cabal de las libertades; y algo muy importante, que para los mexicanos tiene el mayor de los valores, para que haya paz. En consecuencia, creo que el poder público tiene un poder, digo, un compromiso vital, sustantivo, con el tema de la seguridad.
Enrique Peña al llegar a la presidencia de la República se hace cargo de este reto enorme y empieza a marcar las diferencias, una de ellas es evitar el discurso legalista, que es correcto, pero me parece insuficiente, un discurso frecuente en el tiempo de Felipe Calderón o por Felipe Calderón de evadir responsabilidades diciendo: "estos asuntos son de la competencia de los estados, esos asuntos no me tocan". El presidente Peña dice: "si estos asuntos le aquejan a la sociedad mexicana en cualquiera de sus manifestaciones territoriales, son asuntos también de la Federación". Y entonces la coordinación, la colaboración del gobierno federal en estos asuntos se hace mucho más intensa, mucho más frecuente. Lo digo para ponerlo en contexto porque justamente es la incapacidad o la insuficiencia en la capacidad de respuesta que los gobiernos de los estados demuestran, lo que hace que el presidente Peña mande a las fuerzas armadas a auxiliar a los gobiernos locales en la atención de un asunto que rebasó los linderos de la seguridad pública.
¿Cuál es el diagnóstico en este contexto? ¿Qué hace la bancada del PRI que usted encabeza respecto a lo que está fallando? Porque luego se politiza mucho este tema y vemos que entre PRI, PAN, PRD que son quienes tienen gobiernos estatales, se echan la bola y empiezan a culpar. ¿Qué le ha fallado a los gobiernos de los estados?
Es evidente que los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales han sido rebasados en su capacidad para atender asuntos de seguridad. Y me detengo al decir seguridad, porque quiero establecer una primera diferencia para ser más precisos y hablar de seguridad pública, de seguridad interior y de seguridad nacional. La tarea de seguridad pública corre a cargo de los gobiernos locales, quienes tienen que ver con el cuidado, la defensa, la integridad física de las personas, de su libertad, de la convivencia cotidiana y del patrimonio de las personas. Esto es la seguridad pública. Y una buena parte, la seguridad preventiva, es decir, hacer presencia de modo que desagua la existencia de delitos y delincuentes.
El crimen organizado, es decir, el crimen sofisticado, ha rebasado el concepto de seguridad pública, porque ya no es sólo el robo a casa-habitación o el robo a transeúntes u homicidios en condiciones difíciles, sino hay una organización criminal que planea su actividad delictiva y pone en dificultades al estado mismo. Es decir, ya no es una amenaza para una familia o unas familias o un empresario, sino hace que la zozobra empiece a cundir, en toda una sociedad. Porque, aunque parezca una exageración, no lo es, hay división secuestros, división extorsión, división trasiego de drogas, división equis. Y si se hace compleja la criminalidad, lo que tiene que hacer el estado es aumentar su capacidad de reacción, justamente porque no han podido con el paquete un buen número de estados. Y aquí vale la pena revindicar la decisión valiente, imparcial y acertada del presidente Peña de no mirar filiaciones políticas de los gobiernos, porque el gobierno de la República lo mismo ha asistido y asiste a Tamaulipas que a Michoacán o a Sinaloa. En consecuencia, es importante destacar que cuando la criminalidad se sofistica, insisto, es como ir a otro peldaño a otro nivel y es cuando el gobierno federal no chista en la atención en la que envían no sólo a la Policía Federal sino a la Armada.
Usted menciona una diferencia respecto al gobierno de Felipe Calderón y al gobierno de Enrique Peña Nieto en función de asumir los problemas de inseguridad de los estados como problemas de la Federación. Sin embargo, el cambio de visión o de perspectiva no ha redundado en una mejora de la seguridad a nivel nacional, y las estadísticas ahí están: estamos casi a niveles de los que tuvimos en el período de Felipe Calderón.
En el período del presidente Peña se han llevando a la cárcel poco más de 100 de los 120 capos más buscados, relacionados con el crimen organizado y concretamente con delitos contra la salud, el narcotráfico. Pero hay que hacerse cargo de que hoy ese crimen organizado es transnacional, o sea, el nivel de criminalidad, de complejidad de los criminales no es el de hace seis años, se ha exponenciado. Por eso es tan importante, voy al tema, que legislemos en una materia sobre la que hay sólo precarias, o muy importantes jurídicamente, pero insuficientes normas.
Me explico. La Federación faculta al presidente de la República para disponer en todo tiempo de la fuerza armada, para atender asuntos dice, de defensa exterior y de seguridad interior, esa es base constitucional para que el presidente envíe tropas a donde se considere. La Corte, lo digo a propósito de aquella objeción que ponen algunos que los militares deben estar en sus cuarteles y no deben hacer otra tarea más que ésta, la Corte desde 1996 justificó y decretó, decidió, que era constitucional la colaboración de las Fuerzas Armadas en quehaceres de esta naturaleza. Lo digo para responder a las voces que dicen: "es que los militares no deberían hacer este tipo de tareas".
Está salvado el asunto jurídico...
Está salvado el asunto jurídico y al mismo tiempo es buena oportunidad para acreditar la gratitud y reconocimiento al Ejército mexicano, que con un auténtico patriotismo no pestañea en cumplir las instrucciones del presidente, en cumplir con estos quehaceres. Sin embargo, a diferencia de otras materias como la seguridad pública que está legislada, está regulada, uno podría decir, insuficientemente regulada, pero está. En materia de seguridad interior no hay más que el precepto constitucional del que hablo. En consecuencia, al Ejército le urge, le resulta indispensable una ley que regule la intervención del Ejército en quehaceres de seguridad interior.
Hoy el presidente los envía, pero no se sabe con exactitud por cuánto tiempo, cuáles son los límites, la frontera de actuación de las Fuerzas Armadas. En consecuencia eso pone en aprietos a las Fuerzas Armadas, pero también a los ciudadanos, porque los ciudadanos no sabemos esos límites que la propia ley, y las decisiones del presidente le deben imponer.
Algo más. En un estado democrático debe haber controles, es decir los controles que evitan excesos, controles que hacen que una actuación pública siempre esté sometida a otro poder. En el planteamiento que estábamos formulando, la idea es que el presidente de la República pueda hacer una declaratoria de amenazas a la seguridad interior, que las amenazas a la seguridad interior estén enlistadas, que no sea poder del subjetivismo, que se diga cuándo estamos en una amenaza de seguridad interior, y que la decisión del presidente pueda ser impugnada por la vía del amparo. Que la decisión del presidente pueda ser sometida al escrutinio público con los mecanismos crecientes de transparencia y rendición de cuentas, que pueda ser sometida al control legislativo en la Comisión Bicameral, es decir, el Senado y Diputados, que sea una ley que al mismo tiempo que le dé instrumentos para lograr más eficacia en el combate al crimen organizado; que sea una ley que resguarde, proteja, garantice, el respeto cabal a los derechos humanos.
¿Qué pasa con las voces críticas respecto a la intervención del Ejército, más allá de lo legal, sino en el asunto de los derechos humanos? Hemos visto que al salir a las calles a hacer labores de policías, pues esto implica también un desgaste, implica también que el Ejército no está capacitado para desempeñar una labor policial, digamos, de cercanía social, y esto deriva después en situaciones que pueden ser señaladas como abusos a los derechos humanos.
A ver, los derechos humanos no están a discusión. Desde 2011 que operó una reforma constitucional que marca un hito en el mundo jurídico de este país y del mundo, los derechos humanos deben estar salvaguardados. (...) Ahora, a decir verdad, ninguna ley puede impedir por naturaleza que ocurran actos en contra de los derechos humanos o en contra de la ley. Lo importante no sólo es prohibirlos sino dar mecanismos resarcitorios y eventualmente un castigo, una sanción, a quien viole derechos humanos.
Es decir, me parecen infundadas y un poco distractoras las voces que dicen que aquí hay una especie de patente de corso, una carta blanca para violar derechos humanos. Por naturaleza no se podría, insisto, y si un militar, quien sea, viole derechos humanos, tendrá que cargar con las consecuencias.
Y una segunda consideración: los militares no están quizá preparados para tareas de proximidad, pero es un poco sofisticada, es decir, un poco engañosa, la expresión de que no están preparados para esos quehaceres. Claro que están preparados. El Ejército de hoy, es decir, los integrantes de la milicia de hoy, no son los de hace 30 años. En consecuencia el respeto por los derechos humanos, la precisión de cuáles son los límites a los que debe atenerse, los límites geográficos, límites temporales, límites en la actuación directa, los conoce por supuesto el Ejército porque la necesidad los ha obligado a prepararse para ejercer tareas de esta naturaleza.
¿Cómo hacer para que una ley de seguridad interior que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de riesgo de seguridad pública no se convierta luego en una zona de confort para los gobiernos de los estados y dejen de hacer su trabajo que les corresponde?
Esa sí es una gran consideración porque, qué paradójico ¿no? O sea si hay una creciente intervención de las Fuerzas Armadas en estas tareas, parece que es un relevo de obligaciones para los gobiernos locales. Es que la frontera entre quehaceres de seguridad interior y seguridad pública es casi imperceptible. Hay que decirlo como es: una buena parte de los gobiernos de los estados no ha hecho su trabajo en capacitación de sus integrantes, en equipamiento, en organización y lo tienen que hacer. Nada más que el cuestionamiento es un poco mal intencionado. Lo voy a refrasear: ¿entonces tenemos que esperarnos a que la seguridad pública a cargo de los gobiernos locales se regularice para también darle paso a la seguridad interior? En otras palabras, coexisten las tareas de seguridad interior con las de seguridad pública...
Pero existe el riesgo de que los gobernadores asuman la postura de: pues eso no me toca y que venga el Ejército a hacerse cargo ¿no?
No, yo lo que creo es que hay que evitarlo, a los gobernadores...
¿Pero cuáles mecanismos se van a crear para eso?
A ver, primero, ha habido en los últimos años y para decir con verdad, no sólo en el gobierno de Enrique Peña, desde antes, recursos importantes, en términos de cantidades de montos, para que los gobiernos de los estados, déjeme decirlo coloquialmente, se pongan las pilas, y no lo han hecho. En consecuencia, hay que obligar, hay que insistir. Cuando yo digo obligar, no es una cuestión coactiva, sino franca y abierta. Si esta es tu responsabilidad, cúmplela, porque además el gobierno de la República, la Cámara de Diputados, ha dado recursos para que lo hagan.
Hemos pensado en la posibilidad de incluir un artículo transitorio en la ley de seguridad interior para tocar ese tema. ¿Por qué transitorio? Porque no son artículos sustantivos que deban durar para siempre, sino de hablar en un tiempo de que los gobiernos de los estados, e insisto en gobierno de los estados porque soy de quienes piensan que el mando único es el correcto en materia de seguridad pública, (mando único estatal), dada la fragilidad en general, salvo excepciones, dada la fragilidad de muchos gobiernos municipales, que han sido literalmente penetrados o de los que se ha adueñado el crimen organizado. En consecuencia, no son materias separadas totalmente, pero no son materias empalmadas. Seguridad pública y seguridad interior, diríamos que se tocan, son vecinas, pero son materias perfectamente distinguibles.
En consecuencia, nuestra posición es: no convirtamos la legislación de seguridad interior en rehén de quienes dicen: "voy con seguridad interior siempre y cuando discutamos el asunto del mando mixto o mando único". Nuestra posición es: discutamos el mando mixto o mando único, la posición del PRI es mando único, pero no hagamos que eso se convierta en lastre del tema de seguridad interior.
Propuesta. César Camacho asegura que en un estado democrático debe haber controles para la actuación de las Fuerzas Armadas, es decir los controles que evitan excesos.
