La secuencia y cantidad de los errores cometidos por las autoridades electorales (Instituto Nacional Electoral -INE- e Instituto Electoral de Coahuila -IEC-) y los antecedentes del comportamiento del gobierno coahuilense y el Partido Revolucionario Institucional (beneficiarios ambos del resultado electoral oficial) permiten construir una hipótesis de la mecánica del fraude electoral presuntamente perpetrado por estos actores políticos.
Primero un recuento de los errores (ordenados de acuerdo al momento en el que ocurrieron), de los que hay constancias e, incluso, reconocimientos de las autoridades electorales: una cuestionable y cuestionada designación del Consejo General del IEC, por parte del Consejo General del INE; demora en la entrega de las acreditaciones de los representantes de partido en las casillas electorales; representantes de casilla a los que se les negó la entrada en las mismas incluso con nombramiento, porque no aparecía su nombre en la documentación electoral; un conteo rápido que aunque tiene un segmento de traslape, coloca al candidato panista con un rango superior; un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que se detiene con apenas el 72% de las casillas capturadas; paquetes sin cintas ni firmas; y, finalmente, un cómputo que arroja porcentajes de votación fuera de los rangos estimados en el conteo rápido, al menos, en el caso de los dos candidatos más votados: Miguel Ángel Riquelme, de la alianza que encabezaba el PRI, y Guillermo Anaya, de la alianza que encabezaba el PAN.
Hasta aquí simplemente el recuento de hechos, sin ningún análisis, simplemente como ocurrieron y, salvo el primero de la designación de los consejeros electorales, todos los demás han sido reconocidos por las respectivas autoridades electorales.
Antes de la construcción de la hipótesis de la mecánica del fraude, vale la pena señalar que un Consejo General con sesgos partidistas es el punto de partida ideal para que la dosis se repita en los Consejos Distritales, que en este caso son los importantes porque son los que realizan el cómputo de la elección de gobernador. Pero no toda la responsabilidad es del IEC, como pretenden alegar los integrantes del Consejo General del INE, pues ellos fueron directamente los responsables de la capacitación de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de mesa directiva de casilla y de la acreditación de los representantes de los partidos políticos y candidatos en las casillas. Y en ambos casos aparecen problemas mayores, que inciden en la posibilidad de colaborar en un fraude electoral.
Ahora sí la hipótesis de la mecánica del fraude: primero, debilitaste la vigilancia de la jornada electoral, bloqueando la presencia de todos los representantes de casilla y con funcionarios mal capacitados; después cuando los resultados del conteo rápido permitían suponer que quien se alzaría con el triunfo era el candidato de la oposición, simplemente se "cae el sistema" y dejan de fluir los resultados al PREP, cuando hasta antes de ese momento mostraba porcentajes muy similares entre los dos punteros y alternaba la delantera; después, aunque de acuerdo a lo aceptado por el IEC nunca hubo más del 72% de las actas capturadas, el sistema mostró otras dos actualizaciones, supuestamente con el 85% de las actas capturadas a media mañana del lunes y alrededor del mediodía con el 100%, en ambos ya con una ventaja del candidato tricolor de 2.5 puntos porcentuales.
Luego se abre un espacio de poco más de 36 horas, del mediodía del lunes hasta la mañana del miércoles, para manipular paquetes, que no se requería violar porque estaban mal armados, es decir, sin la cinta y sin las firmas de los funcionarios de casilla y los representantes de casilla. Y, finalmente, se recuenta en los Consejos Distritales casi el 90% de las casillas (con paquetes ya armados a modo) y arroja un resultado que da como triunfador al candidato tricolor, pero que queda fuera de los rangos que había señalado el conteo rápido a los dos candidatos punteros y muy por fuera del rango de traslape.
Cierto el conteo rápido es un ejercicio estadístico y puede fallar, si en este caso el nivel de confianza era del 95% --como dijeron al darlo a conocer- podría fallar en 5 de cada 100 ocasiones que se realizara y, casualmente, ésta resultó ser una de esas 5.
Aquí lo preocupante es que los errores pueden encadenarse y producirse básicamente en las mismas casillas: funcionarios mal capacitados o seleccionados ex profeso, ausencia de representantes de los partidos políticos, cuyos resultados no aparecen en el PREP, con paquetes mal armados, y, obvio, en los que los resultados son muy favorables al candidato hoy oficialmente ganador.
En las poco más de mil de casillas que no se capturaron en el PREP o en las que faltaban de capturarse cuando se dieron los resultados del conteo rápido, que eran todavía alrededor del 40%, fácilmente se puede cambiar el resultado de una elección.
Con los elementos que hoy tengo a mi disposición no puedo afirmar que esto sucedió; pero sí construir la hipótesis. La autoridad electoral está bajo sospecha y aquí no cabe la presunción de inocencia, pues está obligada a probar que los errores fueron simplemente eso y que no afectaron los resultados electorales. Ese es el principio de la rendición de cuentas.
Los resultados de la elección de Coahuila están bajo sospecha, pero también lo está la capacidad de la autoridad electoral de organizar elecciones confiables y, peor todavía, la imparcialidad de la autoridad electoral, pues en la hipótesis fueron parte de la manipulación. Repito es hipótesis, no está probada; pero hay hechos que permiten construirla.
