El margen es estrecho, la maniobra complicada y el tiempo reducido.
Esos términos resumen la operación que intentan la administración y su partido, el Revolucionario Institucional, en el ánimo de reposicionarse de cara a la elección del año entrante.
Ingrediente clave de esa operación es la serie de variables internas y externas, ajenas al control de aquel binomio. Factores que, al menor descuido, podrían convertir en pesadilla el anhelo priista de permanecer en el poder y asegurar la salida protegida de su jefe, Enrique Peña Nieto.
Delirio que, aparte de angustiar a los priistas, haría perder el sueño al país. Antes de concluir el año -apenas a cuatro meses y medio- se perfilará el destino de la administración y su partido... así como su efecto sobre la nación.
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Pese a muecas y rechinar de dientes, el priismo eliminó los candados estatutarios que adelgazaban el mazo de la baraja de aspirantes tricolores a la candidatura presidencial. Se privilegió a los simpatizantes sobre los militantes, bajo el disfraz de abrir la puerta a la ciudadanía. Falta por ver si, al ser nominado, la militancia respalda o le da la espalda al candidato si éste presenta por credencial su simpatía a los tricolores y su sonrisa al electorado.
La dirigencia priista descartó cualquier opción y sacó adelante la asamblea en los términos solicitados y, con ello, incluyó a los simpatizantes en la baraja de los precandidatos y amplió el margen de maniobra. Al hacerlo, sin embargo, dejó a José Antonio Meade sobreexpuesto, por no decir a la intemperie. Tanto así que, apenas el martes, en reunión de trabajo con los legisladores para revisar el paquete económico 2018, el diputado Víctor Giorgana ya no vio en la figura de Meade al secretario de Hacienda sino al tapado... y arrancó la cargada. Ahí se explica, quizá, por qué el otro beneficiario de la apertura de los candados, Aurelio Nuño, se mueve con cautela, sin hacer fiesta del cachito de la lotería con el que juega.
Revisar y negociar el paquete económico con un simpatizante tricolor interesado en despachar en Los Pinos puede vulnerar las posibilidades de José Antonio Meade como secretario de Hacienda y como precandidato.
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En este punto es donde dos variables, una externa y una interna, inciden en la designación del candidato presidencial tricolor. Una, el tono y carácter de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; otra, el relevo en la gubernatura del Banco de México. Las políticas comercial, monetaria y hacendaria estarán en juego cuando al partido tricolor le urja nominar a su candidato.
El inicio de la renegociación del Tratado no tuvo la tersura deseada. Por la boca del negociador estadounidense, Robert Lighthizer, no habló el técnico especializado que matizaría los arrebatos de Donald Trump, sino el empleado necio en validar el capricho de su jefe: menos déficit y más empleos. A saber si el discurso de Lighthizer estuvo dirigido a las bases de Trump y no a sus contrapartes, pero marcó el tono de la renegociación. Es prematuro concluir si la postura anticipa la imposibilidad de llegar a acuerdos, pero hacia noviembre y diciembre -cuando el número de rondas perfilen el destino del Tratado y la urgencia del Revolucionario Institucional sea inaplazable-, se sabrá si la administración mexicana puede o no colocar un nuevo secretario de Hacienda, asumir la despedida de Agustín Carstens de la gubernatura del Banco de México y postular al simpatizante sin que el tablero económico y financiero vaya a tambalearse.
En ese cuadro, la ausencia de Luis Videgaray tanto en la asamblea del tricolor como en el inicio de la negociación del Tratado y su presencia ayer en La Habana resultan extrañas.
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Otra variable incontrolable es la relativa a la información de fuera que pone en evidencia la corrupción de adentro, ella puede desvanecer la satisfacción presidencial por el resultado de la asamblea tricolor.
El nuevo código de ética tricolor puede imprimirse en pañuelos desechables para enjugarse las lágrimas de cocodrilo y ocultar el rostro al sonarse, pero no para cumplirlo. Si la administración y su partido no resuelven de una vez por todas entrarle de lleno a ese problema que agravia al país y exhibe una y otra vez al tricolor como la cueva de los ladrones, no habrá cirujano plástico capaz de restirar el rostro del Revolucionario Institucional.
No deja de ser curioso que, pese a los nuevos propósitos y el flamante código de ética tricolor, la bancada de ese partido no incluya en su agenda legislativa concluir la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción o, bien, pretenda someterlo al canje de cuotas. Tamaña incongruencia reduce la asamblea a un acto litúrgico y protocolar.
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Otra variable con que la administración y su partido juegan sin dominarla es la de equiparar a Andrés Manuel López Obrador con el dictador venezolano Nicolás Maduro. La Cancillería y el tricolor cierran la pinza. La primera da satisfacción a los peligrosos caprichos de Donald Trump. La segunda deriva supuestos beneficios electorales.
La apuesta es alta. Si Trump insiste en la opción militar para restaurar la democracia en Venezuela, México se verá en un menudo apuro en la región. Si Ochoa insiste en fomentar la política del miedo, puede provocar una fuga de capitales y complicar la situación económica sin poderla adjudicar a López Obrador.
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Movimientos rápidos y acertados -hacia adentro y hacia fuera, sin lugar a los tropiezos- y acciones contundentes y congruentes exige la operación en que la administración y su partido se han embarcado. Si fallan irán a dar al socavón del Paso Exprés, quizá, arrastrando al país. Ojalá Gerardo Ruiz Esparza los rescate o les tienda un puente.
