Casos. Seis organizaciones civiles pidieron al gobierno de EU que detenga el flujo de dinero en efectivo que recibe el Ejército. (ARCHIVO)
El Gobierno de Donald Trump debe retener los recursos destinados para el financiamiento del Ejército mexicano, por no cumplir éste con los objetivos en materia de derechos humanos, demandaron organizaciones civiles de Estados Unidos y México.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, así como el Centro Prodh, Fundar y Tlachinollan, enviaron una comunicación al Secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, en el que describen las fallas en las que incurrió el Gobierno mexicano. En junio de 2016, el Congreso estadounidense retuvo 25 por ciento de los 3 millones de dólares destinados a México, bajo la condición de que se procesen de manera creíble violaciones graves a derechos humanos, incluyendo el asesinato de 22 civiles en Tlatlaya.
También se condicionó al combate a la tortura, a la búsqueda de personas desaparecidas y a una cooperación plena con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa. En el memorándum enviado a Tillerson, las organizaciones refieren que no hay órdenes de aprehensión contra militares por el caso Tlatlaya, que sólo se tienen 15 condenas por tortura desde 1999, que no ha sido aprobada la ley general sobre desaparición de personas y que el GIEI fue uno de los objetivos del programa espía Pegasus.
Para Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la WOLA, el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos, "ni para investigar y castigar los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad", dijo Maureen Meyer, coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA. "Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas", dijo la activista.
