Procuradores y fiscales de estados, en extinción

En lo que va del año, fiscales y procuradores de cinco estados han sido cuestionados por su labor al frente de la máxima instancia de procuración de justicia en su entidad; en cuatro de ellos la dependencia ha sufrido cambios de titular en medio de acusaciones de nepotismo, falta de resultados o comparecencias ante el Congreso local.

Nuevo León, Colima, Sinaloa y Aguascalientes son las entidades donde se cambió de procurador o fiscal en los dos primeros meses del año, mientras que en Jalisco se cuestiona la labor del fiscal y se exige su renuncia.

El pasado 22 de febrero el Congreso local de Colima ratificó a José Guadalupe Franco Escobar como procurador, un nombramiento que había sido frenado un año antes por la bancada del PAN, al darse a conocer que estaba vinculado a 12 averiguaciones previas por "deficiente desempeño en la función pública", de las cuales posteriormente fue exonerado.

La designación se dio luego de la renuncia de Felipe de Jesús Muñoz, quien salió por la puerta trasera al incumplir la meta que él mismo se impuso al llegar al cargo: mejorar en seis meses la percepción de seguridad en la entidad, la cual registra la mayor tasa de homicidios dolosos en el país.

A pesar de incumplir su propia meta, Muñoz se mantuvo en el cargo y fue hasta noviembre del año pasado, ocho meses después de rendir protesta, cuando renunció. Luego de su salida, Fernando García Fernández fue nombrado como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), puesto en el que sólo duró tres meses.

Rafael Flores Treviño, procurador del estado de Nuevo León hasta el 21 de febrero, renunció luego de que se dio a conocer que al menos cuatro familiares se encontraban en la nómina de distintas dependencias del gobierno estatal.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Manuel Flores, recibían sueldos en la Secretaría de Seguridad Pública el hermano del exprocurador, Augusto César, y el padre de ambos, Roberto Flores Garza. Además, estaba en la nómina Jesús Enrique Gómez Flores, pareja de Paulina, su hija, mientras que Roberto Flores, su hijo, también trabajaba en Seguridad pública, pero en un puesto sin sueldo.

Será en unos dos meses cuando el Congreso apruebe la reforma para que la Procuraduría General se convierta en fiscalía y se complete el nombramiento del nuevo fiscal.

Mientras tanto, Bernardo González Garza espera el aval del Congreso como titular de la procuraduría, un cargo que, de ser ratificado, ocupará por poco tiempo.

Después de que el 26 de enero se firmó el decreto de creación de la Fiscalía General de Sinaloa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública entregó este miércoles al gobernador Quirino Ordaz Coppel la lista de cinco aspirantes seleccionados, entre 17 inscritos, para que el representante del Ejecutivo conforme la terna de la cual los diputados seleccionarán al nuevo fiscal del estado, quien durará en el cargo siete años.

En la lista de los cinco finalistas destaca el hoy exfiscal general de Aguascalientes Oscar Fidel González Mendívil, quien de 1999 a 2004 ocupó la Procuraduría de Justicia de Sinaloa.

Este selección se da al mismo tiempo que el todavía, procurador general, Marco Antonio Higuera Gómez, será citado a comparecer frente al Congreso local para rendir un informe sobre la situación de seguridad y justicia que prevalece en la entidad, en la cual se registraron 234 homicidios en los dos primeros meses del año.

En el caso de Aguascalientes, Griselda González Morales fue designada como encargada de despacho de la Fiscalía General, luego de que Óscar Fidel González Mendívil renunció al cargo el 28 de febrero para aspirar al mismo puesto en Sinaloa.

El ahora exfiscal deja a su paso muchas denuncias por vejaciones, y la imputación de que no se atendieron las desapariciones de mujeres.

El Congreso local tiene 28 días para elegir al nuevo fiscal, de lo contrario el gobernador Martín Orozco Sandoval podría designarlo.

Aunque el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, ha sido duramente criticado por organizaciones civiles por la forma en la que aborda el tema de las desapariciones en el estado, son los conflictos políticos los que han llevado al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, y a algunos legisladores locales de Movimiento Ciudadano, como Augusto Valencia, a exigir su renuncia.

Hace unos días en la cuenta de Twitter de Almaguer Ramírez se publicaron algunos mensajes en los que el fiscal arremete contra Alfaro, Valencia y a los diputados de MC; horas más tarde los mensajes desaparecieron y en la misma cuenta se aseguró que se trataba de un "hackeo".

Tanto Alfaro como los diputados responsabilizaron a Almaguer de encabezar una serie de ataques personales contra el edil y los calificaron como "golpeteo político".

Los cuestionamientos a estos fiscales y procuradores se da a tres años de la reforma publicada el 10 de febrero de 2014 en la que se incluyeron modificaciones al artículo 102 constitucional, a través del cual se estableció que el Ministerio Público de la Federación se organizara en una Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta reforma marcó el inicio de la transformación de las Procuradurías de los estados en Fiscalías, proceso que sólo ha finalizado en 17 entidades.

De acuerdo con la doctora Ariadna Salazar Quiñonez, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la homologación de los estados al pasar de procuradurías a fiscalías no ha tenido la velocidad esperada.

No obstante, asegura, la situaciones que se viven en estados como Sinaloa, Aguascalientes y Colima, responden a cuestiones particulares de cada entidad y refuerzan la necesidad de que se termine el vínculo directo entre el poder ejecutivo y el órgano encargado de la impartición de justicia, el cual necesita de autonomía e imparcialidad en su actuar.

Salazar Quiñonez explicó en entrevista que aunque los estados no están obligados a realizar la transición de procuraduría a Fiscalía, "por efecto de cohesión terminarán caminando en el mismo sentido que otras entidades". También destacó que los cuestionamientos a los encargados de la impartición de justicia puede estar relacionado con cuestiones partidistas o diferencias políticas, por lo que la llegada de las Fiscalías como organismos autónomos ayudará a terminar con la impunidad.

No obstante, la investigadora destacó que en los casos donde los intereses personales de los fiscales o procuradores interfieren con su tarea, como en el caso de Nuevo León, o las acusaciones hacia el fiscal de Jalisco, estos pueden desgastar la percepción sobre dicha figura, por lo que señaló que "los asuntos propios de quienes detentan el poder deben estar al margen de las funciones atribuidas del órgano acusador a nivel estatal o de la república", finalizó.