Si profundizamos en el conocimiento sobre las dinámicas y resortes de las guerras del narco, mejorarán las políticas públicas. Entender Coahuila podría ayudar en la negociación en curso con los Estados Unidos de Donald Trump.
En 2008 se hizo evidente el poderío Zeta sobre Coahuila. Como Piedras Negras era estratégica para el trasiego de drogas, armas y dinero entre los Estados Unidos y México fue brutal el control de la población. En Torreón (y La Laguna) se dispararon los homicidios porque fue el campo de batalla entre los Zetas y otros cárteles, en particular el de Vicente Carrillo Fuentes. Según el periodista Ricardo Mendoza, Saltillo, la capital, se convirtió en el "santuario" donde vivía y despachaba la comandancia Zeta.
El poder de los Zetas creció tanto porque en una primera etapa los tres niveles de gobierno desconocían la magnitud de lo que enfrentaban y por la debilidad y corrupción de un Estado indiferente al sufrimiento de la población. Entre 2010 y 2011 el gobierno federal modificó su estrategia y puso como prioridad bélica el descabezamiento y fragmentación de los Zetas. Ha sido una guerra cruenta en la cual el Estado se ha ido imponiendo.
Un factor clave tras el viraje gubernamental fue la movilización de las víctimas que desde 2009 denunciaron el costo humano de la brutalidad criminal; aquel año aparecieron las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), un organismo civil respaldado por la Diócesis de Saltillo del obispo Raúl Vera. La semana pasada me reuní, en aquel estado, con las cuatro organizaciones que representan a 500 personas desaparecidas (un tercio del total). Conmueve y reconforta la entereza, determinación y claridad de quienes las integran, conformadas en su mayoría por mujeres y madres.
Si Coahuila resistió también fue porque algunos medios de comunicación supieron manejar el embate. La Vanguardia de Coahuila y El Siglo de Torreón, por ejemplo, bajaron el perfil ante las frecuentes amenazas de los Zetas preservando la independencia de la línea editorial. Acumularon, en ese proceso, un impresionante acervo de información y de estadísticas que son indispensables para entender lo sucedido en aquella entidad.
Coahuila, en la última década, está ligada a los polémicos hermanos Moreira. Sobre Humberto -gobernador entre diciembre de 2005 y enero de 2011- flota una nube de sospechas sobre su papel en la consolidación del poder Zeta. Él insiste una y otra vez en su inocencia y agita, como bandera, las exoneraciones que le dieron la Procuraduría General de la República de Felipe Calderón y la Audiencia Nacional de España. Al actual gobernador, Rubén, también se le imputan complicidades y excesos, pero ha contribuido a la reducción de la inseguridad y sostiene un diálogo permanente con las organizaciones de desaparecidos, con los medios de comunicación y con la academia.
Lo anterior creó las condiciones para que El Colegio de México y la Universidad Autónoma de Coahuila anunciaran la semana pasada el inicio de una investigación sobre lo sucedido en Coahuila entre 2006 y 2016. Ya contamos con múltiples hipótesis que falta confirmar o corregir. En ese empeño, el hueco más grande es el papel jugado por el gobierno y la sociedad de los Estados Unidos.
Esto último es indispensable ahora que está redefiniéndose la relación y que, ¡finalmente!, el presidente Peña Nieto está reconociendo la necesidad de un enfoque integral en la relación con los vecinos. Si el equipo de Trump quiere hablar de comercio, tendrá que discutir la responsabilidad de Washington en el tráfico de armas y el lavado de dinero. Anticipo una conclusión: atrás de todos los problemas binacionales encontraremos los matices creados por los grises de una responsabilidad compartida. Guste o no, la guerra y la paz es hechura de ambos países y Coahuila resguarda claves que permitirán demostrarlo.
LA MISCELÁNEA
Durante varias décadas tuve una relación de afecto y respeto con Manuel Camacho Solís. Su carrera tiene polémicas aristas, pero en su haber hay grandes contribuciones a México que le serán reconocidas en un libro preparado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Se lo merece. La presentación se hará este jueves 26 a las 19 horas en la sede de la Comisión Permanente (Reforma 135).
Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Manuel Pérez Aguirre
