Desastre. Los tóxicos recorrieron 17.6 km del arroyo Las Tinajas; 64 del río Bacanuchi y 190 del río Sonora; la contaminación se encuentra en los sedimentos. (EL UNIVERSAL)
Temerosos de que en un futuro cercano su organismo registre un cáncer, viven pobladores de 38 localidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales venenosos sobre los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto de 2014.
A cuatro años de la tragedia que ocasionó la rotura en una de las piletas de almacenamiento de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, especialistas coinciden en que "se puede inferir que en un tiempo cercano se verán afectaciones en la salud de todos los habitantes que consuman agua contaminada".
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora: atravesaron desde Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la presa El Molinito, ubicada en la zona rural de Hermosillo.
Luego del derrame de tóxicos, habitantes de esa zona afectada comenzaron a padecer afecciones cardiovasculares, renales, oculares, respiratorias, digestivas y de la piel. La empresa creó el Fideicomiso Río Sonora para atender la emergencia, pero los proyectos quedaron, algunos en obra negra, otros en promesas.
Actualmente, las comunidades lucen desérticas, se constató. Muchos pobladores migraron a Estados Unidos o a la capital del estado por temor a las enfermedades.
ALERTAN POR AGUA CONTAMINADA
Antonio Romo Paz, catedrático del Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de Sonora, asegura que "el riesgo es real". Los metales no se destruyen, duran miles de años: la contaminación se encuentra en los sedimentos y no hay remediación, incluso metales pesados ya migraron a aguas subterráneas.
A largo plazo es cuando se dan los efectos más graves en la salud, ya que la exposición continua y prolongada puede provocar cáncer.
Reina Castro Longoria, catedrática universitaria en Biología Celular en la Universidad de Sonora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, con respaldo de un grupo de personas sufragó los costos de decenas de análisis de personas y constató que tienen metales en la sangre.
A través de muestreos, en 2015 comprobó a las autoridades federales que los pozos de abastecimiento de agua potable a Hermosillo, ubicados en el ejido La Victoria, tienen arsénico y que rebasan 2.4 veces los niveles permitidos (10 miligramos por litro) que recomienda como máximo la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo humano.
Los daños a la salud de los habitantes de las cuencas del río Sonora hasta Hermosillo, en un futuro son impredecibles, alertó la especialista en Ecología Marina.
UNA MUERTE LENTA: POBLADORES
Héctor Canizales, habitante de la zona, comentó que a la fecha no se ha podido recobrar la marca Río Sonora, el desplome en todas las ramas de la economía es de hasta 60%.
Las ventas se tornaron lentas para los comerciantes de alimentos elaborados de manera artesanal como ates, conservas, obleas y otras.
CREAN Y EXTINGUEN FIDEICOMISO
Grupo México creó el 11 de septiembre de 2014, un fideicomiso inicial por 2 mil millones de pesos con el objetivo de remediar los daños ambientales y la salud a los afectados.
El 15 de septiembre se creó el Comité para el manejo del Fideicomiso Río Sonora, a cargo de Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental. Se extinguió en agosto de 2017 sin cumplir en lo mínimo el resarcimiento de daños.
Benjamín Cokelet, codirector de la agrupación Poder, acusó a Germán Larrea, propietario de Grupo México, y a Rodolfo Lacy Tamayo de gastarse recursos del fideicomiso en sus propias empresas, para simular la compensación a los afectados. Sólo revolvieron el dinero, señaló.
De acuerdo con el delegado de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, se gastaron un millón 250 mil pesos en la atención a la contingencia y a los afectados y el remanente se aplicaría a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS), para atender a las personas enfermas. Está en obra negra y vandalizada.
Al inicio de la emergencia se prometieron 36 potabilizadoras de agua y sólo se instalaron cinco (en Arizpe, Baviácora y Ures, más dos móviles). Prometieron reubicar los pozos que abastecen agua potable y tampoco lo cumplieron.
Se realizaron pagos únicos a los afectados por tomas de agua potable y actividades productivas; fue un resarcimiento inequitativo, ya que se benefició a prominentes productores y políticos por estar inscritos dentro del programa Progan. Se entregaron tinacos con mala estructura y fueron abastecidos con agua contaminada, aseveró Castro Longoria.
Hasta el momento, la Cofepris no ha informado los resultados de los monitoreos del agua, reclamó Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la Sección 65 del Sindicato Minero.
Tenía ámpulas y el agua le ocasionó enormes llagas
La contaminación del agua no fue el origen de su mal, pero sí lo acrecentó. Jesús Francisco Romero Salazar, de 22 años, nativo de Baviácora, tenía unas pequeñas ámpulas y ahora sufre por unas llagas enormes.
Por tres años consecutivos, lo han visitado en su domicilio ubicado en la zona de El Barranco o El Bajío, para constatar si se le ha atendido como afectado del derrame o si personal de Grupo México se ha preocupado por revisarlo. Hasta el momento no ha sucedido nada.
Su madre asegura que el agua con la que se baña, la misma con la que le curan las heridas, le ha provocado tres enormes laceraciones, pero no tienen recursos para comprar agua purificada. Necesitan ayuda, viven en pobreza extrema. El joven que padece retraso mental vive con dos hermanas y sus padres.
Los alimentos se cocinan en una hornilla a base de leña que se encuentra dentro del hogar, en tanto que el sanitario es una fosa séptica y está afuera de la vivienda.
La situación económica de esta familia es crítica, con la caridad de vecinos y amigos consiguen medicamentos distintos para realizarle las curaciones.
Sandra Francisca comenta que no recibe apoyo institucional a pesar de que tiene diagnóstico de discapacidad permanente.
Las vendas son muy caras, una vecina le confeccionó unas protecciones para que no se le contamine porque hay muchas moscas, "lo curamos como podemos", dice.
Jesús Francisco es amable, siempre sonríe, asegura que no le duele y, aunque habla poco, expresa que espera un milagro: que Grupo México responda por los daños y cure sus lesiones.
Un análisis de laboratorio que se le hizo a Jesús Francisco, en 2015, cuando empezaron a demandar la atención de Grupo México, arrojó que presentaba desórdenes metabólicos y metales en la sangre.
No se rinde, comenta que un día se pondrá "algo" que lo sanará y sus padres dejarán de cuidarlo para que no se le pegue la ropa en las heridas o no se lastime.
En tanto, Cristóbal, su padre, clama ayuda. "Estamos desesperados, me acaban de operar de una bola en el estómago -muestra una enorme cicatriz en el abdomen- y no he trabajado en más de un mes, primero por los dolores y después por la operación, porque me dejaron jalado de más y siento la piel estirada hasta para sentarme".
Recordó que cuando ocurrió la contingencia del derrame le dieron un apoyo de 5 mil pesos por parte del Fideicomiso Río Sonora, por una pequeña parcela donde cultiva chiles, pero el dinero se le fue en las medicinas de Jesús Francisco, y ahora trabaja para otras personas, es jornalero.
De todos modos, aquí hacemos lo mejor para que Jesús Francisco viva lo mejor que pueda, comenta, al tiempo que se sienta en una silla de fierro remendada con pedazos de tela.
