(AGENCIAS)
La propuesta del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y desaparecer la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), es positiva para los especialistas en seguridad Rodrigo Soto Morales y Alejandro Hope, porque le otorga mayor visibilidad y relevancia política a este tema, aunque para el investigador Javier Oliva no ha quedado claro cómo se va a formar esa dependencia.
En entrevista, Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró como riesgosas, con falta de claridad y orden las propuestas que ha adelantado López Obrador y su equipo en materia de seguridad, lo que afectaría el combate a los altos índices de violencia que se registran en el país.
"Me parece riesgoso enfocarse sólo en medidas estructurales o de diseño institucional y desatender la creciente ola de violencia que agobia al país; es decir, ¿para qué se quiere crear la Secretaría de Seguridad Pública?, ¿para abatir los delitos?, ¿para terminar con el tráfico de drogas?, ¿cuál sería su función?. No ha quedado claro en la serie de medidas que han anunciado distintos personajes cercanos al candidato triunfador, como el crear nuevamente la SSP. Es peculiar que se retome un planteamiento que viene desde el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se creó la Policía Federal Preventiva".
Para Alejandro Hope esa nueva dependencia "sí implica una reorganización del sector que es saludable, saca a la seguridad pública de la inmensidad burocrática de la Secretaría de Gobernación y le da más peso político, así como más visibilidad al tema. En ese sentido, van correctamente. Todos los candidatos estaban a favor de esa medida", indicó.
Destacó que al crear nuevamente una Secretaría de Seguridad Pública, la cual operó entre 2000 y 2012, se podrían facilitar las funciones de los órganos desconcentrados, en especial, la Policía Federal y al Sistema Penitenciario Federal.
Comentó que hay dos problemas de fondo con la concentración de las labores de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación, los cuales fueron el debilitamiento del comisionado nacional de Seguridad y la Policía Federal, cuyo presupuesto, aseveró, no creció en términos reales durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Rodrigo Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, coincidió con Hope al considerar como algo positivo la iniciativa de revivir la SSP, puesto que le daría mayor fortaleza a ese sector y ayudaría a combatir al crimen, aunque indicó que la propuesta de mando único que propone el tabasqueño es anticonstitucional "porque se violan los artículos 21, 22 y 115 de la Constitución, [ya que] la seguridad pública corresponde a nivel local".
Señaló que no podrá haber un cambio radical en el combate a la delincuencia si cada seis años hay diferentes estrategias, por eso, "si hay continuidad en políticas y estrategias razonables o cambios justificados sí va haber una mejoría, pero de lo contrario, no habrá cambios", refirió.
Sobre el planteamiento del virtual presidente López Obrador de regresar a los militares a los cuarteles en tres años, Javier Oliva afirmó ésta no podrá ser tal, debido a que no es suficiente el tiempo para una acreditación y adiestramiento adecuado para las policías municipales, estatales y federales que se necesitan, puesto que "los especialistas hablan de más de 10 años para que esto ocurra, por lo que es importante señalar que este tipo de planteamientos pueden revertirse en contra del nuevo gobierno, en la media que no se puedan cumplir con lo que se promete".
DESAPARICIóN DEL CISEN Hope afirmó que la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para crear la Agencia Nacional de Inteligencia parecen "cambios cosméticos" en los que sólo se cambiarán los nombres; sin embargo, advirtió que es "mala idea" adscribir este nuevo organismo a la Secretaría de Seguridad Pública.
"Hay una distinción notable entre la inteligencia policial e inteligencia civil. La policial se genera para procesar a personas para convertirse en evidencia procesal, el Cisen no, es para toma de decisiones. Es una dinámica distinta, tienen blancos diferentes. Hay una confusión conceptual, eso va a ser problemático" destacó.
Javier Oliva consideró que el Cisen puede cambiar de nombre, o tener algunos cambios, pero a ninguna democracia consolidada puede faltarle este tipo de organismos.
La participación de la Iglesia
Para Elio Masferrer Kan, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la participación de religiosos en el proceso de "reconciliación" planteado por Andrés Manuel López Obrador no atenta contra el Estado laico ni se está creando una "religión de Estado", sino que es un reconocimiento a la "autoridad moral", que aún conservan dentro de la población, en la que más de 80 millones de mexicanos se definen como católicos, así como a su capacidad de diálogo con distintos actores de la sociedad.
"La Iglesia continúa siendo un sector importante, no podemos cerrar los ojos a la influencia que tiene el clero en la vida política, lo vimos en abril cuando los candidatos presidenciales fueron a desfilar ante los obispos en la reunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano [CEM], a presentarles su plan de gobierno, o los llamados de los obispos, incluso del propio Carlos Aguiar Retes exhortando a la población a votar", expresó.
Jorge Traslosheros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, consideró que se deben plantear objetivos y metas, tanto del proceso de reconciliación como del papel que van a jugar los religiosos, a fin de evitar el fracaso y que esta inclusión se limite a las declaraciones.
"Tendrá que haber un programa muy claro para ver qué es lo que se busca, quiénes son los interlocutores, con quién se va a dialogar, qué grupos se van a reconciliar y esa es la parte que veo abstracta. No está bien planteado, no se sabe hacia a donde va y en esos términos sería riesgoso, incluso hacer alguna comisión, se debe ir sobre objetivos muy específicos", destacó.
'Necesario, discurso de pacificación por violencia'
El cambio a un discurso pacificador como el que propone el gobierno del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, era necesario, coincidieron representantes de organizaciones civiles, pero afirmaron que el proceso será diferente a los que se han vivido en países de Latinoamérica y África, debido a la situación de México.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), mencionó que tras 12 años de la guerra contra la delincuencia organizada, en la que se usó a las Fuerzas Armadas para las labores de seguridad, un cambio hacia una estrategia pacificadora es más adecuado para resolver la situación, aunque indicó que la solución no será de un día para otro.
"A nosotros nos parece que el discurso de pacificación y, últimamente como se ha dicho, la posibilidad de construir una política de justicia transicional, sin duda sería un camino mucho más adecuado para hacerle frente a ese problema", destacó.
Añadió que "si se habla de una estrategia de pacificación a partir de un paquete integral de justicia transicional tienes por lo menos que tener cuatro pilares: uno sería la construcción de procesos de verdad; es decir, tenemos que partir de reconocer la dimensión del diagnóstico de crisis y de realidad; segundo, en justicia, tiene que haber reformas institucionales que permitan que la ciudadanía pueda acceder a instituciones del Estado, que investiguen y persigan a quienes tengan que hacerlo.
"El tercero tendrá que ver con las políticas públicas que atiendan la prevención del delito, la reconstrucción del tejido social, los temas de la pobreza y la desigualdad y, en la última etapa, las medidas de no repetición, que son todas las reformas que serían necesarias para evitar que en cinco o 10 años esto vuelva a suceder", planteó el director del Centro Prodh.
Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), indicó que con la alternancia se abren oportunidades políticas para mejorar en temas que la sociedad civil había mencionado anteriormente, como "la necesidad de un abordaje distinto del tema de seguridad, de violencia, la posibilidad de avanzar hacia una posibilidad de justicia transicional".
Recordó que "son cambios de largo aliento, la situación de inseguridad tan desproporcionada que vive el país es imposible que cambie de un momento a otro, pero si logramos aprovechar las oportunidades políticas que se presenten en este nuevo contexto podremos sentar las bases de un cambio que se vaya dando de manera gradual".
José Pablo Girault Ruiz, tesorero de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), aseguró: "Es muy loable que quieren cambiar el enfoque, se me hace excelente noticia que quieran intentar cosas nuevas y que quieran dejar esta guerra inútil contra el narcotráfico y atacar más en el negocio, siempre entendiendo que es un juego de dureza, de aplicar la ley al que sea y cómo sea, y también de reconciliarse con los que son no tan graves elementos.
"Si implementan todo lo que dicen, la justicia transicional, la amnistía, pero en un marco de confesión y de enfrentar consecuencias, aunque sean sociales, se me hace excelente", precisó.
Coincidió en que los resultados no se verán a corto plazo e indicó que va a ser un trabajo de prueba y error; sin embargo, si el nuevo gobierno logra implementar su estrategia habrá muchos beneficios para el país, porque si no hubiera inseguridad aumentaría la inversión, crecería la economía y eso se vería reflejado en bienestar para la sociedad.
Respecto al uso de los discursos de paz en el mundo, "donde ha funcionado mucho es en los países en los que hay conflicto transicional o de lucha, de cambio de un régimen a otro o de guerra civil. Hay países de Centroamérica y Sudamérica, de África, en los que ha habido cambios y entonces se usan estos tipos de justicia. Por ejemplo, el cambio de régimen en Sudáfrica, el fin de la guerra en Colombia o El Salvador, en donde se usan estos procesos de pacificación masiva y de cambio. En México es un poco distinto, porque en realidad la descomposición ha sido del sistema político, no hubo una revolución real ni fue una guerra civil".
