De acuerdo con Ruelas, esta ley 'no prevé contratos claros para la publicidad oficial' y establece la Secretaría de Gobernación como órgano adjudicatario de la propaganda, convirtiéndose así en un 'instrumento de control político' de los medios de comunicación. (ARCHIVO)
La asociación de periodistas Artículo 19 llevará a los tribunales la ley mexicana que regula el uso de la publicidad oficial, conocida como Ley Chayote, porque "legaliza las malas prácticas llevadas a cabo" hasta ahora e incumple una sentencia de la Suprema Corte, informó hoy su directora a Efe.
El Senado mexicano aprobó la noche de este miércoles con 60 votos en favor y 46 en contra el texto de la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia sea eficiente y transparente.
Sin embargo, Artículo 19 avisa de que la ley incumple los criterios de una sentencia emitida el año pasado por la Suprema Corte, que establecía que antes del 30 de abril de 2018 debía regularse un mecanismo transparente y equitativo de adjudicación de publicidad oficial para los medios.
Por ello, la asociación, que forzó la sentencia de la Corte, llevará a cabo "un proceso de inconformidad" para que el poder judicial estime si existe un "cumplimiento cabal de la sentencia", contó a Efe la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.
De acuerdo con Ruelas, esta ley "no prevé contratos claros para la publicidad oficial" y establece la Secretaría de Gobernación como órgano adjudicatario de la propaganda, convirtiéndose así en un "instrumento de control político" de los medios de comunicación.
Además, considera que la norma "no limita el uso proselitista" de la publicidad gubernamental, a pesar de que una reforma constitucional de 2007 estableció que la propaganda oficial debía ser educativa e institucional, y no ensalzar a ninguna persona.
La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019, por lo que no se aplicará durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales, parlamentarias, estatales y locales del 1 de julio.
La falta de regulación de la publicidad gubernamental es un tema de polémica recurrente en México, dado que muchos lo ven como una manera de condicionar la línea editorial de los medios de comunicación por parte de las autoridades.
De acuerdo con Artículo 19, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto gastó entre 2012 y 2017 más de 40.000 millones de pesos (2.125 millones de dólares) en publicidad oficial que fueron a parar a grandes grupos de televisión, prensa y radio.
En noviembre de 2017, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó al Congreso a aprobar una legislación que regulara "el gasto en publicidad oficial en aras de proteger el ejercicio de la libertad de expresión".
La misma Oficina calificó de "oportunidad pérdida" la decisión tomada por los legisladores al aprobar la Ley de Comunicación Social sin escuchar a las organizaciones civiles ni realizar los cambios propuestos.
