Sostuvo también que el exmandatario no ha brindado una información correcta a la Fiscalía sobre su lugar de residencia, lo que señaló como una de las razones para que se ordene una medida cautelar. (EFE)
Un juez de Perú ordenó hoy un impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente peruano Alan García por la investigación fiscal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado, en el marco del caso Odebrecht en Perú.
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, consideró que "existen suficientes elementos de convicción" para declarar fundada la medida solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, a fin de investigar los presuntos "actos ilícitos de concertación" de la licitación de la línea 1 del metro de Lima a la empresa brasileña Odebrecht.
Sánchez consideró que los documentos entregados por la empresa brasilera Odebrecht, en el marco de una colaboración eficaz con la fiscalía brasilera, infieren la participación de la entrega de dinero proveniente de una fuente ilícita, por lo que señaló que "amerita no solo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados".
El fiscal Pérez dijo en sus alegatos ante el juez que García y otros miembros de su Gobierno, "en su condición de funcionarios del más alto nivel habrían favorecido a la empresa Odebrecht, que formó el consorcio Tren Eléctrico".
Sostuvo también que el exmandatario no ha brindado una información correcta a la Fiscalía sobre su lugar de residencia, lo que señaló como una de las razones para que se ordene una medida cautelar.
"Él (Alan García) ha señalado que es de público conocimiento que vive en Madrid; sin embargo, cuando la Fiscalía lo citó dijo que vivía en Miraflores, lo que evidencia que no ha dado la información correcta a la Fiscalía", apuntó.
Pérez solicitó el impedimento de salida del país contra García luego de ampliar la investigación preliminar por el caso del Metro de Lima a los delitos de colusión y lavado de activos, tras conocer los nuevos indicios de que García habría recibido 100.000 dólares de la Caja 2 de Odebrecht, por intermedio de la empresa del abogado José Américo Spinola, por una conferencia desarrollada en Brasil.
Según el fiscal, "se habrían realizado actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento", al recibir dinero proveniente de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, entidad que usó de intermediario a Spinola.
A su turno, el abogado de García, Erasmo Reyna, reiteró la disposición del exmandatario de "allanarse al pedido de la Fiscalía" para que se le dicte impedimento de salida del país.
Asimismo aclaró que su defendido, quien no asistió a la audiencia, tiene lugar de residencia en Lima y que el tiempo que vivió en España corresponde al "pasado", cuando el exmandatario se tomó "un año sabático".
"El tiempo avanza y la referencia de la residencia del señor García en España es pasado, hace un año. Parece que el fiscal tiene un problema con el tiempo", manifestó.
En otro momento señaló que García fue "un exitoso gobernante, sobre todo en su segundo gobierno", y que esta sería la razón por la que fue contratado para dar más de 30 conferencias, sobre todo durante los cinco primeros años de acabado su último gobierno.
Las sospechas sobre García tomaron peso desde que el ejecutivo de Odebrecht Carlos Nostre declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos por la Línea 1 del Metro de Lima, de los que 14 estaban dirigidos a altos funcionarios de su Gobierno.
El objetivo del pedido de impedimento de salida del país es evitar que García eluda el proceso, como ya lo hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 se declaró que había prescrito una acusación por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer mandato (1985-1990).
