La legisladora indicó que existe responsabilidad de los servidores públicos que como órgano de control debieron percatarse que empresas irregulares estaban accediendo a contratos de la administración pública.
A dos años de haberse dado a conocer la contratación de servicios a empresas no localizables, la fracción de Acción Nacional pidió a la Auditoría Superior del Estado un balance de las acciones para castigar estas prácticas.
La diputada Blanca Eppen Canales solicitó un informe para conocer si la contraloría estatal y los encargados de los órganos de control de cada una de las dependencias que participaron en la contratación de las empresas fantasma detectadas en 2016 como proveedores del gobierno del estado son investigados. Asimismo pidió saber el grado de responsabilidad que tienen los organismos implicados.