Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte le negó en última instancia al Citibanamex la posibilidad de recuperar por la vía civil supuestos préstamos de factoraje por 450 millones de dólares, equivalentes entonces a 6 mil 745 millones de pesos, otorgados a Oceanografía.
La máxima instancia del país simple y llanamente desechó la posibilidad de un amparo al considerar que el caso no afecta precepto constitucional alguno.
La resolución dejó en firme una sentencia de primera instancia emitida por el juez que llevó el concurso mercantil de la contratista de Pemex, Felipe Consuelo Soto, ratificada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y por el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito.
El escenario provoca una carambola de varias bandas: primero le coloca una alfombra a la exoneración, frente a una denuncia penal por el caso hacia el presidente de la firma, Amado Yáñez Osuna, quien está en libertad bajo fianza.
En paralelo, de darse este caso, éste podría contrademandar al banco en un escenario en que la acusación metió en un tobogán a la compañía con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, provocando su incautación preventiva para cederle su administración al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Y si le seguimos, el marco deja en entredicho si el banco acusó en falso o se metió en un laberinto del que no pudo salir, o acaso no tenía controles frente a sus operaciones.
Como usted recordará, el CitiBanamex despidió a la vera del escándalo a 11 funcionarios presuntamente involucrados en la operación de pago adelantado de facturas pendientes por cobrar a Pemex, algunos de los cuales fueron denunciados penalmente… saliendo ilesos.
La institución crediticia hablaba de falsificación de documentos por parte de Oceanografía, lo que no acreditó Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con el juez Consuelo Soto, no podía integrar a la masa crítica de la quiebra el supuesto adeudo por no haberse acreditado fehacientemente. La resolución sólo reconocía un saldo de 112 millones de pesos, equivalentes al 1.44% de lo reclamado.
La resolución apuntaba, concretamente, a diferencias entre las cantidades depositadas para la contratista de Pemex y las que eran aplicadas al pago de la deuda, a título de descuentos.
El pacto hablaba de que el banco cobraría una comisión de 15% cuando las facturas eran en pesos y de 20% cuando se pactaban en dólares. Para efectos de reposición de los recursos, se crearon tres fideicomisos a favor de la intermediaria.
Ésta reconoció un quebranto en sus utilidades por el caso de 3 mil 172 millones de pesos.
Objetada la sentencia por el CitiBanamex, entró en escena el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Distrito Federal, quien la ratificó.
En la resolución el magistrado ponente, Armando Cortés Galván, señala que los adeudos reclamados son inconsistentes en definir el origen, liquidez y exigibilidad.
Letra por letra se anota que "este tribunal no puede conocer si esas deducciones son o no legales y tampoco resolver si el impacto reclamado es o no correcto".
El problema es que los principales afectados por los enredos son los 8 mil trabajadores de Oceanografía en espera de una indemnización justa.
Ahora es la Junta de Gobierno del Banco de México la que advierte de un clima de incertidumbre de cara a cómo resolverá el nuevo gobierno la ecuación entre el monto de recursos de que dispondrá y la profusión de planes y programas anunciados.
El tema, bajo el agua, se ha debatido en el interior de los organismos empresariales, aunque se espera que haya sido ayer el Consejo Mexicano de Negocios el que le diera cara en su reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
El temor es que el bono político ganado se diluya en la frustración, dado el colosal marco de expectativas en la mesa.
El problema es que no ha habido capacidad de comunicación armónica e integral sobre los proyectos, lo que lleva a cuentas alegres que derivan en quimera.
Hacía falta, pues, discernir entre cuáles proyectos serán sólo con inversión pública, cuáles bajo el marco mixto, es decir, asociación pública-privada, y cuáles serían licitados a particulares.
Colocada en su momento como la firma pionera en materia de construcción de plantas industriales llave en mano, es decir, paredes, equipos e infraestructura, la firma Bufete Industrial que encabezaba José Mendoza Fernández llegó a un escenario de quiebra hace 18 años, al punto de vendérsela en un simbólico costo de mil pesos al excontratista estrella de Pemex, Sergio Bolaños, quien jamás la pudo arrancar.
Lo inaudito del caso es que aún están en espera de justicia laboral la mayor parte de los ingenieros que laboraban en la joya de la corona. Desde 2003 la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene congelados los expedientes.
Y aunque algunos de ellos han sobrevivido creando empresas de servicios de ingeniería, por ejemplo, Servicios de Ingeniería y Plotter, se reclama ahora que se les dé cabida en el escenario de reconfiguración de las refinerías que planea el nuevo gobierno.
La modificación por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del acuerdo general de protección de la Denominación de Origen Mezcal para dar cabida a 40 municipios de las entidades federativas de México, Aguascalientes y Morelos ha creado malestar a las comunidades de Oaxaca que producen la bebida.
De hecho, el Consejo Regulador del Mezcal que encabeza Hipócrates Nolasco solicita al gobernador Alejandro Murat que impugne el asunto vía una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.
Según la ley, el plazo para impugnaciones vence en 30 días a partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial.
La pretensión a futuro es que se cree un comité técnico que determine al margen de presiones políticas si las comunidades tienen capacidad para usar la denominación sin menoscabo de la calidad de la bebida.
ECONOMíA A LA BAJA
En la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México se destacó un escenario de economía a la baja, tanto por el entorno global como por el futuro de la relación con Estados Unidos, además de una plataforma de producción petrolera en declive.
En paralelo, como lo mencionamos al principio de la columna, se habló de incertidumbre frente al financiamiento de las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración del país. El incierto, dice, acarrea riesgos para la no evolución de la demanda interna en la segunda mitad en este año y la primera del próximo.
