La discusión pública sobre el tema del agua y el hidroarsenicismo que ocurre desde hace algunos días en la Comarca Lagunera nos muestra la importancia que reviste para los laguneros. Dos factores la estimularon: por un lado, la celebración del Día Mundial del Agua y, por el otro, las declaraciones del presidente de la república sobre su interés de promover la producción lechera en el trópico.
Lo cierto es que en esta región ya no es desconocida la problemática que enfrentamos sobre la calidad del agua y el abasto de este líquido para uso doméstico, un fenómeno como el hidroarsenicismo no se puede tapar con el dedo y evidencia la histórica omisión del sector gubernamental ambiental-hídrico y de salud ante él, de modo tal que ya rebasó sus capacidades institucionales.
También es cierto que somos los ciudadanos quienes hemos puesto en la agenda pública este tema, no solo señalándolo, sino que el ejercicio que hemos emprendido organismos civiles y académicos, analizándolo y proponiendo las alternativas de solución por donde debe encauzarse más allá de la opciones aplicadas, la mayoría de índole tangencial y cortoplacista que solo le da la vuelta al problema central.
El sector público federal aplicó soluciones que no han dado resultados porque no han encontrado la corresponsabilidad de los actores beneficiarios de los recursos públicos y no se han aplicado las medidas para evaluar los programas operados. Es el caso de la tecnificación del riego agrícola en la que se centraron los esfuerzos de la política gubernamental federal, desconociéndose a la fecha en que medida contribuyó al ahorro del agua y, sobre todo, en la recarga del acuífero principal.
Por su parte los gobiernos locales responsables del abasto de agua para la población centraron su esfuerzo y limitados recursos en la instalación de los filtros que secuestran el arsénico en los pozos donde se bombea, alternativa que creemos necesaria pero que tampoco resuelve el problema principal de sobreexplotación y contaminación de nuestros acuíferos. Ahora se inclinan por potabilizar el agua superficial, opción que continúa evadiendo dicho problema.
Los ciudadanos seguiremos insistiendo en que hay que buscar las alternativas que se enfoquen a resolver el problema central, en cómo recuperar nuestros acuíferos, porque si no lo hacemos y continuamos evadiéndolo y finalmente lo que haremos es diferirlo y transmitirlo a las siguientes generaciones. Esta postura resulta irresponsable en nuestra generación, algo que deben considerar los políticos, los más interesados en dejar legados que valgan la pena para las siguientes.
El agua es un tema de interés público, es un bien fundamental para la vida y crucial para quienes vivimos en el desierto. Su gestión sostenible es una prioridad por encima de otras porque de ella depende el desarrollo presente y futuro de nuestra economía y población. Su manejo y uso debe sujetarse a estándares internacionales y al marco legal que nos rige, particularmente como derecho humano, algo que no podemos afirmar se cumpla en esta región; el simple hecho de que en forma involuntaria una parte importante de la población lagunera la consuma contaminada y ponga en riesgo su salud, constituye la evidencia irrefutable de tal aseveración.
El agua es un bien común y propiedad pública. Esta condición implica que debe asignarse prioritariamente a satisfacer la demanda doméstica y cumplir ese derecho humano, en seguida debe asignarse para mantener los ecosistemas que nos prestan servicios ambientales que determinan nuestra calidad de vida. Una vez cubiertas estas prioridades, los volúmenes disponibles deben valorarse como mercancía, destinarse como insumo en los procesos productivos y estos deben desarrollarse con base a esa disponibilidad.
Lamentablemente esto no ocurre en La Laguna, donde se promovió un modelo de producción que presiona las fuentes donde obtenemos el agua, de ahí que las sobreexplotemos, aunado a que hayamos creado una demanda mayor a la oferta, hemos creado una brecha hídrica muy ensanchada que nos ha conducido a esta problemática. Reducir esa brecha debe ser nuestra preocupación central y no buscar nuevas fuentes de abasto, por ello tenemos que ajustar el modelo de producción a la disponibilidad hídrica.
Esto tiene relación con la cuenca lechera y la discusión pública que se generó con las declaraciones del presidente. Algunos creemos que promover la lechería bovina en el trópico no es una opción fácil, pero también que no supone destruir la cuenca lechera lagunera, solo se señaló el problema que todos conocemos y que algunos se niegan a aceptar, en particular aquellos que participan en el robo de agua, quienes vieron en esa declaración la oportunidad para crear una cortina de humo que les oculte su ilícito.
Al margen de esa declaración a los ciudadanos laguneros nos interesa resolver nuestra problemática, y esto solo es posible si realizamos un esfuerzo colectivo que más que buscar culpables encuentre y aplique soluciones. Lo anterior incluye a las instituciones que regulan el uso del agua y a los usuarios, sobre todo a los grandes concesionarios, pero también a los ciudadanos porque hoy en día las soluciones no solo deben considerar a los actores anteriores como lo establece el modelo de gestión hídrica vigente, el cual debe abrirse a una mayor participación ciudadana y de la academia.
Por ello la discusión pública debe continuar hasta que se apliquen soluciones viables, sostenibles a largo plazo. Este año es decisivo para definir los alcances que tenemos de resolver este crucial problema que enfrentamos los laguneros.
