Hasta un 30 por ciento se ha reducido el empleo en las parcelas de tomate, como consecuencia de la cuota compensatoria de 17.5 por ciento que impuso Estados Unidos desde hace más de dos meses, aseguró Manuel Antonio Cazares Castro, vicepresidente del Sistema Producto Tomate Nacional. (ARCHIVO)
Hasta un 30 por ciento se ha reducido el empleo en las parcelas de tomate, como consecuencia de la cuota compensatoria de 17.5 por ciento que impuso Estados Unidos desde hace más de dos meses, aseguró Manuel Antonio Cazares Castro, vicepresidente del Sistema Producto Tomate Nacional.
“La situación real es de mucha incertidumbre, mucho temor y mucho desánimo de los productores, pues el final del (impuesto) no se ha visto”, argumentó en entrevista con Notimex.
Ese escenario ha tenido un impacto social el cual se ha visto reflejado en la falta de trabajo para varias comunidades, sobre todo, donde son mayoría los pequeños y medianos productores de la hortaliza roja.
La producción y exportación de tomate da empleo directo de más de 400 mil trabajadores agrícolas, quienes en su mayoría son migrantes que van acompañados de sus familias, según estimaciones.
También se aporta un millón de empleos adicionales en industrias relacionadas, como la cadena de soporte, logística, servicios y otras, en al menos 17 entidades del país.
“Está pegando a las familias que viven en las comunidades y tenían un trabajo… temporal; se redujo hasta un 30 por ciento y eso es lo que más nos preocupa”, reiteró Cazares Castro.
El desempleo fue evidente en Sonora, el estado que más volumen de producción aporta a nivel nacional, pero también afecta a Baja California e incluso a Durango y Coahuila, que apenas ha comenzado con su cosecha.
Incluso, dijo que algunos productores, brokers y comercializadores en las fronteras han decido retirarse del negocio del tomate, hasta alcanzar un acuerdo con el gobierno del vecino país del norte.
Y es que, desde el pasado 7 de mayo, se enfrentan al pago de derechos compensatorios provisionales como garantía para continuar con las exportaciones hacia Estados Unidos, pero si la situación sigue implicará un costo de 350 millones de dólares anuales.
Cazares Castro confió en que se pueda llegar a una conclusión antes del 19 de septiembre, cuando la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) determine si el acuerdo se mantiene o si el mercado estadounidense funciona libremente por primera vez en 22 años.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el pasado 6 de febrero su decisión de retirarse del acuerdo de suspensión a la investigación antidumping.
