El 6 de agosto del 2014, se desplazaron por los ríos Bacanuchi y Sonora, 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas y de salud. (ARCHIVO)
Al anunciar la próxima creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a las demandas incumplidas por Grupo México hacia los habitantes del Río Sonora, tras el derrame de desechos tóxicos a la cuenca hidrológica, hace 5 años, el diputado federal de Morena, Heriberto Aguilar Castillo, exige a la Secretaría de la Función Pública practique una auditoría al fideicomiso que se creó para remediar daños.
En entrevista con El Universal, el legislador por Sonora, representante del Distrito Federal 04 donde se encuentran cinco municipios que fueron afectados por el derrame, informó que este tema aún está vigente para más de 23 mil sonorenses, lo que debe llevar a la dignificación en la atención a la salud y a la remediación del medio ambiente de la zona afectada.
El 6 de agosto del 2014, se desplazaron por los ríos Bacanuchi y Sonora, 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas y de salud.
La minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, registró un derrame en una de las piletas de lixiviados y resultaron afectados los habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
El 15 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para responder a los afectados y resarcir daños al medio ambiente.
Fue operado por un Comité Técnico conformado por la empresa y el gobierno federal. A pesar de que apenas se había ejercido mil doscientos millones de pesos, lo extinguieron el 2 de febrero del 2017.
La clínica que atendería a los afectados no se construyó y el 6 de agosto del 2019 concluyó un convenio de atención en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS).
Dijo que con este grupo de trabajo iremos “por una verdadera auditoría de la situación de nuestras aguas, de nuestros suelos, pero sobre todo buscaremos que se dignifique la atención a la salud de los pobladores".
Consideró prioritario una remediación de la situación económica por el daño que sufrieron los pobladores del Río Sonora, ya que esa zona era parte vertebral del desarrollo económico del estado.
Pago a pescadores de Guaymas
El diputado Aguilar Castillo también adelantó que habrá sanción económica a Grupo México por el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés -el pasado 9 de julio-, además de que buscará mecanismos para que se paguen daños económicos a pescadores de Guaymas y Empalme, tras la incertidumbre que se generó después de la contaminación.
Si bien, precisó, las autoridades determinaron que no se provocó daño permanente en las aguas, sí hubo incertidumbre para la actividad pesquera; se desplomó por la percepción que generó la misma empresa al operar de forma negligente en sus instalaciones en la Administración Portuaria Integral de Guaymas (Apiguay).
Comentó que está pendiente de la sanción que aplicará la Profepa a Grupo México.
Luego del derrame en instalaciones que tiene Grupo México en Apiguay, se encontraron violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), ya que no cuentan con la autorización de Impacto Ambiental emitida por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Profepa determinó aplicar como medida de seguridad la Clausura Parcial Temporal de las obras y actividades de dicha empresa. Al momento continúan paralizadas las operaciones de Grupo México en la terminal marítima, dijo el congresista sonorense.
