El Gobierno de Perú 'no impondrá' la realización del proyecto minero de cobre Tía María, de Southern Perú, filial del Grupo México, que ha generado numerosas protestas. (ARCHIVO)
El Gobierno de Perú "no impondrá" la realización del proyecto minero de cobre Tía María, de Southern Perú, filial del Grupo México, que ha generado numerosas protestas en la región sureña de Arequipa, anunció el primer ministro, Vicente Zeballos.
Durante la presentación del plan de gestión del gabinete que preside, Zeballos sostuvo que el Gobierno reconoce "la importancia" de la inversión privada "responsable" en minería y se refirió a la ratificación de la licencia para la obra, que se anunció este miércoles.
"También reafirmamos que nuestro gobierno no va a imponer el proyecto minero Tía María si no existen las condiciones sociales y ambientales para su desarrollo", remarcó.
Zeballos agregó que se ha decidido que una misión del Organismo de Evaluación y Gestión Ambiental (OEFA) viaje este jueves al Valle del Tambo, donde se planea desarrollar el proyecto, para supervisar "si las condiciones de viabilidad del Estudio de Impacto Ambiental (de la obra) aún siguen vigentes".
El primer ministro emitió este pronunciamiento poco después de que el Consejo de Minería, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, confirmara la licencia otorgada por el Ejecutivo para la construcción de Tía María el pasado 8 de julio.
El Consejo de Minería rechazó los recursos presentados por el Gobierno Regional de Arequipa y las comunidades campesinas del Valle del Tambo contra la autorización, aunque se indicó que se mantiene vigente un compromiso aceptado por Southern para no comenzar con las obras hasta obtener la "licencia social" (autorización comunal) de los pobladores del Valle del Tambo.
El Gobierno de Perú había suspendido el pasado 9 de agosto la licencia otorgada a Tía María mientras se resolvían los recursos presentados por autoridades y representantes regionales, que consideran que Tía María contaminará su localidad.
El proyecto minero, que requerirá de una inversión de 1,400 millones de dólares para una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120,000 toneladas de cobre cuando esté en operación y se calcula que generará 1,500 millones de dólares en canon y regalías en los 20 años que tiene previsto estar operativa.
Southern Perú afirma que usará agua de mar desalinizada para sus operaciones y construirá un ferrocarril y una vía de acceso "a distancia prudente" del valle para el transporte de sus suministros y producción.
Sin embargo, las autoridades regionales y los agricultores consideran que la mina dañará el ecosistema, los recursos hídricos y sus cultivos, por lo que solicitaron la anulación de la licencia de operación al presidente Martín Vizcarra, quien señaló que las obras no comenzarán mientras no cuenten con el respaldo de la población.
Desde este lunes, mientras se estaba a la espera de conocer la decisión del Consejo de Minería, los pobladores del Valle del Tambo radicalizaron sus protestas y se enfrentaron a la Policía tras bloquear varias carreteras de la provincia de Islay, donde se encuentra el Valle del Tambo.
