Asimismo, detalló, deberá aprobar las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones en 90 días naturales. (ARCHIVO)
Ante el respaldo que se espera de los 32 congresos estatales a la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, el senador Martí Batres Guadarrama destacó que será uno de los proyectos con mayor respaldo en la historia reciente de México.
El presidente del Senado de la República dio a conocer que hasta el momento son 28 las legislaturas locales que han aprobado a la nueva corporación.
La posibilidad de que se avale en todas entidades federativas, subrayó, le “daría un apoyo inusitado” a la propuesta de esta administración para fortalecer la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad pública, comentó.
Explicó que una vez que la Cámara de Diputados y el Senado emitan la Declaratoria de Aprobación, se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor, el Congreso de la Unión tendrá 60 días naturalespara expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes.
Asimismo, detalló, deberá aprobar las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones en 90 días naturales.
En los artículos transitorios se prevé que la Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los supuestos para la coordinación y colaboración con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios.
Martí Batres agregó que en este ordenamiento también se deberán incluir, entre otros aspectos, la estructura jerárquica y regímenes de disciplina, que incluya faltas, delitos y sanciones.
Las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por su parte, deberán contemplar la normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública, así como la regulación del sistema nacional de información en esta materia.
El legislador recordó que en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza el Congreso establecerá las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública.
