'Nos arrebataron la vida'

La apuesta de Grupo México en las comunidades del río Sonora es reemplazar la agricultura y ganadería por la actividad minera, y su intención estuvo cerca de concretarse con el desastre ecológico de 2014, sin embargo, los pobladores se organizaron para hacerle frente a la empresa y durante cinco años han defendido su tierra de los atropellos.

En entrevista Ramón Miranda Córdova residente del municipio de Aconchi, denunció que actualmente existen 33 concesiones mineras en la cuenca del río Sonora, además, el gobierno del estado de Sonora impulsa la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) que fomenta dicha actividad.

"Es lo que le apuesta la empresa, al desplazamiento forzoso. No quisiéramos que la actividad minera sustituyera la agricultura y ganadería, actividades que de por vida los habitantes de río Sonora hemos desempeñado, no me imagino a personas mayores de edad que quieran trabajar en una empresa minera, nadie quiere irse de la comunidad", aseveró.

Miranda Córdova es integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) que agrupan a personas de los municipios de Arizpe, Bana´michi, Huépac, San Felipe de Jesu´s, Aconchi, Bavia´cora y Ures, afectadas por el derrame de 40 millones de litros de sulfato cobre acidulado proveniente de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. Desde enero de 2015 luchan legalmente para que Grupo México repare integralmente los daños.

"Es imposible que German Larrea venga por acá, pero que mandara a una persona con jerarquía que se atreviera a platicar con nosotros, no a negociar, nosotros no vamos a negociar nada, no tenemos que hacerlo, sólo que nos expliquen cómo van a solucionar los daños acumulados en cinco años", comentó.

El luchador social explicó que el trabajo que realizan los CCRS es una lucha ciudadana pues consideran que es la solución idónea, por ello se deslindan de los mecanismos políticos y optan por ser personas informadas.

"Tiene que haber responsables en esta lucha, tenemos que ganar jurídicamente, es la esperanza que tengo como integrante de los CCRS, le hemos apostado a la lucha ciudadana con un objetivo de interés colectivo.

"Ya es momento, es bastante el daño que ha provocado Grupo México y pienso que el derrame que hubo apenas en Guaymas es la gota que derramó el vaso", expresó.

Aseguró que en los cinco años de trabajo de los CCRS han obtenido triunfos ante la minera, como el amparo que ganaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2018, para realizar una consulta pública sobre el mega proyecto de una presa de jales en la localidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe.

"Ahí empezamos sentir que a nuestra acción siempre hay una reacción y eso nos llena de más fuerza de que esto sigue bien y pues hasta ahorita somos la única agrupación que hemos tenido respuesta de la empresa Grupo México", refirió. Sin embargo, el objetivo principal de los CCRS es obligar a la compañía minera a reparar integralmente los daños causados por el desastre ecológico en 2014, como que se garantice el acceso al agua potable libre de metales pesados y haya atención a las personas que resultaron enfermas por la contaminación.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades en materia de medio ambiente y economía, para que inspeccionen el funcionamiento de la mina de Buenavista del Cobre y en caso de hallar irregularidades que cancelen su concesión.

Asimismo, a las autoridades judiciales exhortó a revisar la implementación del Fideicomiso Río Sonora, que serviría para asignar recursos económicos a las familias afectadas y realizar obras de resarcimiento, pero que estuvo plagado de corrupción.

"La autoridad debería estar al lado de nosotros, debería de apoyarnos, pero no ha sucedido, en el problema del río Sonora la autoridad municipal y estatal están en un pacto perverso, en ningún momento las autoridades nos han demostrado algo benéfico para la ciudadanía", denunció.

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

"El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".

En este sentido, Ramón Miranda afirmó que en los CCRS lucharán para hacer valer sus derechos y recuperar la dignidad y calidad de vida que les fueron arrebatadas por Grupo México.

"Estamos luchando por el derecho a la vida, la vida no tiene precio, es algo que debiéramos estar defendiendo todos los habitantes del río Sonora", manifestó.

ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EXIGENCIA

Francisca García Enríquez, habitante del municipio de Aconchi lleva cinco años en los CCRS, decidió unirse para buscar información sobre lo que había pasado en el río, en ese momento desconocía el tema de los derechos humanos, sin embargo, hoy en día los defiende como mandato de vida.

Aprendimos a organizarnos para un objetivo, luchar por la verdad y llegar a una solución con el problema del derrame, al principio era andar en las plazas públicas pero todos desorganizados y ahora en los Comités de Cuenca se pusieron objetivos, nuestra lucha no tiene color ni religión sólo buscamos organizarnos participar y exigir a las autoridades", explicó.

Asociaciones civiles les brindaron asesoría y capacitación para tener herramientas con las que exigir justicia, aprendieron de temas como acceso a la información, derecho ambiental, tramitación de amparos colectivos y comunicación.

Aunque saben que no deberían estar luchando por derechos inalienables, crean conciencia en sus comunidades para que se cumpla la ley.

"Al principio nos decían que estábamos locos porque era pelear con un monstruo, `cómo le van a ganar´ nos decían, pero para nosotros ha sido de mucha satisfacción que en los amparos que hemos interpuesto, Grupo México ha tenido que dar la cara, aunque sea para decir que éramos personas fantasmas.

"No hemos tenido miedo, no hemos sentido intimidación, han sido lentos los amparos, quizá por sus abogados y porque nosotros no tenemos el dinero o el capital político que ellos tienen", señaló.

García Enríquez compartió que aunque el tema central es buscar justicia por la destrucción del medio ambiente y los daños a la salud, su forma de organizarse les ayuda a detectar y resolver otros problemas de su comunidad.

De esta manera descubrieron en febrero de 2017 que el gobierno de Sonora decretó la Ley 178, que crea la Zona Económica Especial (ZEE) para el río Sonora la cual supuestamente impulsará en esa región el crecimiento económico sostenible, a través de la inversión, no obstante pobladores afirman que dichas políticas son encaminadas al crecimiento de la minería.

Por otra parte, el Proyecto sobre Organizacio´n, Desarrollo, Educacio´n e Investigacio´n (PODER) ha acompañado los esfuerzos de los CCRS con asesoría legal e investigación dando como resultado que actualmente hay 14 juicios abiertos, cinco de ellos son sobre las ZEE; cinco amparos fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de estos, tres tratan acerca de la operación del Fideicomiso Ri´o Sonora.

La directora de PODER Fernanda Hopenhaym detalló que el amparo 384/2018 cuestiona la forma en la que opero´ el Fideicomiso Ri´o Sonora; el recurso 927/2018 cuestiona que el mismo mecanismo ignoro´ el Proyecto de Reactivacio´n Agropecuaria, y el amparo 263/2019 denuncia el cierre del Fideicomiso y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental.

"La remediación fue incompleta no fue integral no ha habido justicia, no hay garantías de que no se repita un suceso de la misma naturaleza con la presa de jales nueva en Bacanuchi, son cinco años de impunidad", expresó.

La representante de la organización destacó la labor de los CCRS y su lucha para que se haga justicia por el derrame provocado por Grupo México, así como que se atiendan los daños causados por este hecho que persisten cinco años después.

"Todavía en los siete municipios afectados la economía familiar se ve mermada profundamente por como se afectaron los cultivos, la inversión de agua en garrafones asciende a más de 50 mil pesos para poder beber agua confiable, utilizarla para cocinar y en algunos casos para bañar a los niños.

"Son comunidades muy resilientes, muy luchadoras y que están firmes en su reclamo por justicia y no van a bajar los brazos hasta ver que algo esta sucediendo, son comunidades que confían que estas nuevas autoridades sobre todo las ambientales puedan tomar cartas en el asunto y garantizar que no haya otro desastre de esta naturaleza", compartió.

Hopenhaym anunció que este 7 de agosto, la Segunda Sala de la SCJN decidirá sobre el amparo relacionado con la forma en que opero´ el Fideicomiso por lo que adelantó que darán seguimiento a la sentencia y aplicación de la misma.

LA VIDA EN EL RÍO SONORA ESTÁ EN JUEGO

A partir del 6 de agosto de 2014, la vida en los municipios de la cuenca del río Sonora se fue deteriorando, la agricultura y ganadería dejaron de ser rentables para quienes practican estas actividades. La gran mayoría de los 22 mil habitantes en la región tienen incertidumbre sobre si en algún momento tendrán que dejar la tierra donde nacieron.

José Manuel López García, agricultor y ganadero del municipio de Bavia´cora, declaró que en el momento del derrame había invertido 32 mil pesos en dos hectáreas de cacahuate, de las cuales había previsto ganar 96 mil pesos, luego de que el agua con metales pesados dañara su cosecha, sólo recibió 20 mil pesos de Grupo México como compensación, hasta el momento no se ha recuperado al 100 por ciento.

"La vida de nosotros es lo que está en juego ahorita, porque nos están matando poco a poco con la minería a nivel nacional e internacional, las minas traen muchas muertes mucha contaminación, destrucción del medio ambiente", comentó.

Explicó que la mayoría de los productores ha sobrevivido con préstamos y créditos, no obstante, el panorama parece desolador, no sólo por los contaminantes que dañan el suelo sino por la misma escases de agua que hay en la región a causa de la minería.

"La minería ha traído mucha incertidumbre no sé lo que va a pasar por las enfermedades, por el agua que nos están robando, nos están secando el río.

"Mientras no se nos acabe el agua tal vez podamos seguir viviendo si es que no nos enfermamos, no sabemos cómo es el agua con la que estamos regando nuestras tierras de donde comemos", externó.

López García es parte de los CCRS, se unió a ellos porque asegura que quiere heredarle agua y tierra limpia su hijo de seis años, así que se encarga de convocar a personas para que asistan a pláticas informativas, también se capacita en temas jurídicos y de defensa de la tierra, pues expresa que no quiere abandonar su hogar.

"Yo me acuesto todas las noches pensando si algún día tendré que migrar de aquí, yo no quiero dejar mi tierra, eso es lo que me impacta más, no sé que vaya a pasar más adelante, me preocupa que nos desaparezcan de aquí, que nos quiten el agua, por eso la gente que le tenemos amor a la tierra hemos permanecido en la lucha", afirmó.

AÑOS

se cumplieron el pasado 6 de agosto tras el derrame tóxico de Grupo México.