Los pozos se secaron en 2005, cuando dejó de llover en los Valles Centrales. Los pobladores entonces recurrieron a bombas para extraer agua y sobrevivir, pero el uso excesivo de electricidad llamó la atención de autoridades que enviaron 'cartas invitación' para pagar por el servicio. (EFE)
Los pozos se secaron en 2005, cuando dejó de llover en los Valles Centrales. Los pobladores entonces recurrieron a bombas para extraer agua y sobrevivir, pero el uso excesivo de electricidad llamó la atención de autoridades que enviaron "cartas invitación" para pagar por el servicio.
Manuel Juárez fue uno de los afectados por las intensas sequías de hace 14 años. Es agricultor de San Felipe Apóstol y uno de los primeros integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, que agrupa a 16 comunidades zapotecas.
Agradece que su pueblo esté "en el mero vaso" y durante la sequía tenían poca agua, pero no fue así para todos. Quienes viven en lo más alto tuvieron que excavar más para obtenerla. Los veneros que antes podían encontrarse a no más de 20 metros de profundidad ahora estaban a casi 40.
"Ocupamos mucha luz para sacar la poca agua que podíamos", dice Manuel, y recuerda que poco después llegaron los cobros, que iban de los 18 mil hasta los 200 mil pesos. "No teníamos agua y nos estaban cobrando lo que no gastamos, por eso empezamos a organizarnos", recuerda.
En 2006, las comunidades afectadas buscaron el apoyo de autoridades, sin respuesta. Fue cuando se acercaron a organizaciones civiles como el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto para informarse y actuar por su cuenta.
Defender el derecho
Son las 11 de la mañana del 12 de octubre; se consulta a comunidades sobre uso y cuidado del agua. Tres hombres tocan música tradicional en la explanada municipal de San Antonino Castillo Velasco. Al centro hay una ofrenda, a su alrededor acomodaron mesas donde representantes de las 16 comunidades zapotecas hablarán con autoridades federales para modificar el Decreto de Veda de 1967, en el que el gobierno reconoce el derecho de las comunidades para gestionar su agua.
"Sin ti no habría ser vivo en esta tierra. Por eso todos debemos respetarte y cuidarte para las generaciones que vienen después de nosotros", dice una mujer que encabeza un ritual. Pide que se extiendan las manos hacia cada uno de los puntos cardinales, luego al cielo, al centro de la Tierra y al corazón del universo. Así comienza la penúltima etapa del proceso de consulta.
Antonieta es representante de San Pedro Mártir, donde se utilizan retenedores y ollas de absorción para aprovechar el agua de lluvia. También es una de las personas que ha seguido todo el movimiento: "Esto empezó cuando la Comisión Nacional del Agua [Conagua] dijo que estábamos gastando más luz y sacando más agua, pero la verdad no era así, ya no teníamos agua y necesitábamos dos bombas para poder sacarla".
En la primera etapa se revisaron los acuerdos previos para constituir un protocolo de consulta, la segunda fue una etapa informativa, y en la tercera las comunidades pidieron a la Conagua se les concediera el derecho a cuidar y administrar el líquido.
Carmen Santiago, directora de Flor y Canto, A.C., explica que el objetivo de esta cuarta etapa es firmar el documento que dé pie a los trabajos de cuidado y coadministración del agua entre comunidades y autoridades federales.
"Tenemos pruebas jurídicas, culturales y sociales de las capacidades que tienen estas comunidades para hacer frente al problema a través de pozos de absorción, retenedores y casi 400 pozos que filtran agua de lluvia", dice en entrevista con El Universal.
"No ha habido un programa de gobierno que cuide y proteja nuestros bienes naturales. Hemos confiado en la responsabilidad que tienen los gobiernos para cuidarlo, pero vemos un gran deterioro", agrega.
Uno de los temas que más cuestionan los representantes es si la ley contempla el manejo comunitario de los recursos naturales, en el que gobierno y población sean coadministradores.
Blanca Jiménez Cisneros, directora General de la Conagua, precisa que la ley no lo establece, pero tampoco lo prohíbe, pues las leyes permiten espacio para hacer interpretaciones. Adelanta que se prepara un decreto presidencial que contemple los temas tratados en la consulta de Valles Centrales.
"Se va a formalizar al más alto nivel. Se debe analizar quiénes solicitan el agua y por qué, de manera justa para las comunidades", dice.
Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), consideró que la consulta es histórica y permite armonizar la legislación federal del agua con los derechos de las comunidades indígenas.
"Esto sólo puede pasar en Oaxaca, donde 80% de los municipios elige por usos y costumbres; se debe seguir en todo el país", dijo.
