Una misión internacional de editores, convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), visita México esta semana para subrayar el repunte de agresiones contra el periodismo, que incluye 11 informadores asesinados desde el inicio de la administración López Obrador. Un balance desde el año 2000 arroja 152 atentados mortales y la desaparición de 21 diaristas.
Entre estos últimos se halla Alfredo Jiménez Mota, un periodista de 25 años desaparecido en 2005 cuando investigaba para el diario El Imparcial, de Hermosillo, Sonora, la presencia del crimen organizado en la región. Hay evidencias de que policías federales lo secuestraron para entregarlo a sicarios, quienes lo desparecieron.
Tras una gestión de más de una década ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la SIP ha logrado que el caso esté por ser juzgado ante la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica. Un juicio similar fue ganado por la SIP este año con una condena al Estado colombiano por su fracaso en la investigación del asesinato del periodista Nelson Carvajal.
Puede preverse que tras casi tres lustros de impunidad, el caso Jiménez Mota derive en una condena internacional que reivindique su trabajo y su memoria. Una sentencia que aluda a la intervención de agentes del Estado mexicano en la detención-desaparición de la víctima. Debe recordarse que seis de las diez resoluciones ya dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México están relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes cuerpos de seguridad, en particular las Fuerzas Armadas.
La misión de la SIP se reunirá con colegas de múltiples casas editoriales en la capital del país, así como con autoridades federales y estatales de diverso rango. También, viajará a Veracruz, el estado más letal para el ejercicio del periodismo.
Las actividades de la misión de la SIP en México están siendo respaldadas por un amplio núcleo de medios, en particular EL UNIVERSAL y la Organización Editorial Mexicana (OEM), cuyos directivos impulsan una coordinación que presente un frente común de defensa de los periodistas, combata la impunidad y promueva mayores niveles de capacitación y organización.
Apenas en abril la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, estuvo aquí también para dar cuenta de que los ataques contra periodistas forman parte de una "impunidad transversal que desgarra" a México.
Al presentar un informe de su visita, relató que la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de los periodistas "sigue siendo alarmante". "En lo que vamos de año (hasta abril), al menos nueve personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas han sido asesinadas. Al menos doce informadores fueron víctimas de homicidio en 2018 y otros doce en 2017", indicó. Esa última cifra fue alcanzada ya en los primeros siete meses del gobierno AMLO.
La máxima representante para el tema de derechos humanos ante el parlamento mundial que es la ONU hizo un llamado a que el gobierno mexicano refuerce el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que padece falta de recursos.
"La libertad de expresión y de opinión y el derecho a estar informado son esenciales para una sociedad justa y equilibrada, y el hecho de que caciques sin escrúpulos, narcotraficantes y funcionarios públicos quieran amordazar a los periodistas demuestra precisamente la importancia que tiene. Una democracia plena debe contar con una prensa independiente y vibrante que pueda denunciar las malas prácticas y fomentar el debate sobre cualquier tema, sin ninguna exclusión", sentenció Bachelet.
Qué falta nos hace en México que la voz del presidente López Obrador se manifieste sobre este desafío. O que, al menos, exhiba un poco de empatía hacia los periodistas que han sido asesinados intentando cumplir su rol en una sociedad con derechos elementales.
