En la colaboración anterior señalábamos como los ciudadanos observamos a los políticos que manejan fondos públicos o empresarios que invierten sus fondos privados, tomar decisiones con criterios cortoplacistas, carentes de visiones que orienten las políticas públicas o las acciones privadas hacia un futuro desarrollo sostenible. Los hay, pero no es la característica principal de quienes en estos momentos tienen las riendas de una parte importante de las oficinas de gobierno o las empresas.
La sostenibilidad del desarrollo implica un cambio cultural y nuestra generación, la que está tomando las decisiones claves en estos momentos, aún no ha sido permeada por estas nuevas concepciones, de hecho, arrastramos un déficit cultural generacional, quizás por ello la mayor parte de los ciudadanos reclaman un cambio inclusivo, una mayor participación en esa toma de decisiones, lo que en teoría se denomina gobernanza, concepto también ausente en el discurso y la práctica política de nuestros gobernantes.
Entre quienes venimos construyendo una agenda ambiental local observamos que ese déficit cultural generacional constituye un enorme obstáculo para avanzar en la construcción de políticas públicas con espíritu ciudadano, que realmente representen las aspiraciones e intereses de los ciudadanos, y no políticas que parecieran satisfacer las demandas de particulares. La alternancia que ocurre a nivel nacional ha abierto la expectativa de que esto suceda, pero solo es una expectativa que ojala no se frustre como la que se pensó que resultaría de la elección de inicios de este siglo, y esto depende de nosotros, los ciudadanos, más que de los gobernantes, no solo en el entorno ambiental, sino en todos los ámbitos de la vida pública y privada del país.
Así, avanzar en la resolución de los problemas ambientales no va ser posible si dejamos a los gobernantes tomar decisiones erróneas por el desconocimiento que tienen de ellos, la complicidad de intereses o cualesquier otra razón. Es el caso del principal pasivo ambiental de La Laguna, la sobreexplotación de los acuíferos y contaminación del agua extraída de ellos, no se ha enfrentado sus causas, se le ha dado la vuelta con filtros que secuestren el arsénico, potabilizadoras y otras medidas parciales y cortoplacistas.
Es lamentable seguir observando que la mayor parte de los ciudadanos laguneros tengamos que continuar ingiriendo agua contaminada, que las instituciones públicas carezcan de capacidades para regular el uso de este recurso, que instituciones como las del sector salud jueguen al avestruz, que el gobierno, pero también los ciudadanos, permitamos este crimen pasivo, hacerlo limita hablar de una identidad como habitantes de esta región, como laguneros.
Son ya décadas que se arrastran con este problema y entre los liderazgos gubernamentales y privados ocurre un juego de sordos, nadie quiere entrarle; el agua es un bien público, si los gobernantes evaden el problema los ciudadanos debemos insistir en que se resuelva. Lo cierto es que en diferentes ámbitos de la vida pública persiste un vacío, ausencia de liderazgos para construir una sociedad mejor, aún tenemos las distorsiones del viejo régimen político con opacidad en el quehacer público, que no solo observamos al señalar los problemas ambientales.
Avanzar en la solución de estos y los demás problemas de la vida pública va implicar la renovación de esos liderazgos, las nuevas generaciones pueden aportar nuevas visiones y alternativas que les posibiliten mejores condiciones de vida. Si los actuales gobernantes locales no ven la importancia de conservar el capital natural que aún nos queda en esta región, sino perciben tan siquiera la importancia de saber la calidad del aire que respiramos, esa ignorancia explica sus limitaciones, el déficit cultural que arrastran, pero no lo justifica.
Debemos reconocer que en La Laguna no solo no se cumple el derecho humano al agua, o para no parecer tan fatalistas, solo se cumple parcialmente, tampoco parece ocurrir con el derecho humano a un ambienta sano, no basta que tales derechos los declare Naciones Unidas o los mandate nuestra Constitución Política y leyes reglamentarias, es fundamental se apliquen. De otra forma seguiremos viviendo en ese ejercicio de simulación en la vida pública que nos caracteriza a los mexicanos.
Pero insistamos, recapitulando, en la víspera de este nuevo año convencional, los cambios en la sociedad y gobierno no ocurren por mandato de los gobernantes o dictados de la divina providencia, ocurren y ocurrirán cuando los ciudadanos ejerzamos nuestra ciudadanía. No puede haber ciudadanía sin ciudadanos, y estos no son solo personas pasivas y omisas, o números en las estadísticas, son personas que tienen vida y derechos a ella, en eso consiste el ejercicio de la ciudadanía, entender que hay derechos y obligaciones para convivir en sociedad, hay que ejercerla.