La violencia política en Colombia registró un aumento sustancial en lo que va de este año electoral, comparado con el mismo periodo de 2015, cuando también se celebraron elecciones locales y regionales. (ARCHIVO)
La violencia política en Colombia registró un aumento sustancial en lo que va de este año electoral, comparado con el mismo periodo de 2015, cuando también se celebraron elecciones locales y regionales, según un informe publicado este martes por el centro CERAC.
El estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) desvela que hubo un incremento del 82 % de las muertes violentas al pasar de 49 a 89 en el periodo, y solo en los nueve primeros días de septiembre fueron asesinadas 12 personas en hechos asociados a violencia política.
El pasado 4 de septiembre fue asesinada la política liberal Karina García Sierra, candidata a alcaldesa del municipio de Suárez, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), y cinco de sus acompañantes, entre ellos su madre.
El vehículo en que viajaba fue tiroteado por desconocidos y posteriormente incendiado, lo que causó un fuerte impacto en la opinión pública colombiana.
El CERAC indicó que los niveles de homicidios en el inicio de septiembre casi llegan a los registrados en enero y mayo, los meses con más altos registros de muertes durante 2019 con 15 y 13 casos respectivamente.
Además, el informe destaca que la amenaza continúa siendo la acción predominante en la violencia política este año, puesto que supone el 51 % de los 239 casos denunciados.
El CERAC explicó que persiste el elevado riesgo de seguridad para los candidatos a las elecciones de alcaldes y gobernadores del 27 de octubre y este "se encuentra altamente concentrado en zonas de disputas de grupos armados" que buscan el control de la explotación de rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
El centro de estudios identificó siete zonas en las que se concentra la mayor parte de las disputas: El Catatumbo, el Bajo Cauca Antioqueño, los departamentos de Arauca y Chocó, el sur del valle del río Cauca, el pacífico nariñense y el norte del departamento del Cauca, donde fue asesinada García Sierra.
La mayor parte de esas zonas se corresponden con áreas de frontera, de producción de coca y de minería ilegal.
De muchas de ellas salieron las FARC tras la firma del acuerdo de paz y actualmente hay varios grupos armados combatiendo para controlar el territorio.
Precisamente el CERAC aclara que "en menor medida", el riesgo se presenta en Caquetá, sur del Meta, Guaviare, y Putumayo, debido a la actividad violenta que ejercen los grupos formados por disidentes de las FARC como el "Frente Primero", la banda más grande integrada por excombatientes, así como de crimen organizado.
Sin embargo, este riesgo es de menor alcance que en las otras siete regiones debido a los bajos niveles de acciones violentas que realizan estos grupos.
