La organización indicó que la empresa ha vendido más de 164 millones de pesos (8.8 millones de dólares) al Gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). (ARCHIVO)
El esposo de una diputada oficialista es accionista mayoritario de una farmacéutica que ha recibido contratos del Gobierno mexicano y es apoderado legal de cuatro empresas del delegado federal en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, informó este jueves Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Se trata de Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, quien actualmente es accionista de Abisalud, de acuerdo con un acta notarial en poder de MCCI.
La organización indicó que la empresa ha vendido más de 164 millones de pesos (8.8 millones de dólares) al Gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Durante la actual administración, iniciada el 1 de diciembre de 2018, Abisalud ha tenido siete contratos con el Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, dependientes de la Secretaría de Salud. Cinco de ellos fueron adjudicaciones directas.
Martínez funge como apoderado legal en cuatro compañías farmacéuticas que Lomelí reconoce como propias, de acuerdo con registros públicos y la declaración patrimonial del funcionario federal.
También es esposo de Érika Pérez García, diputada local en Jalisco por el gobernante Morena, quien obtuvo su escaño en las elecciones de 2018 sin tener experiencia previa en el servicio público, señaló MCCI.
En su única declaración patrimonial, presentada el pasado 8 de enero, la diputada Pérez no reconoció que su esposo es el socio mayoritario de Abisalud desde 2015.
De acuerdo con el archivo de la notaría pública 36 de Guadalajara -al que tuvo acceso MCCI- las acciones fueron transferidas a su cónyuge tras la renuncia de José Hiram Torres Salcedo, actual regidor de Morena en Zapopan.
En la investigación "El emporio farmacéutico del superdelegado Lomelí", MCCI documentó que Torres Salcedo fue secretario particular de Lomelí y compitió como candidato para alcalde de Zapopan en los comicios de 2018.
Tras su derrota, Torres Salcedo se incorporó como regidor en Zapopan, donde preside la Comisión de Ecología.
MCCI divulgó el 20 de mayo que Carlos Lomelí estaría detrás de una red de empresas farmacéuticas beneficiadas por contratos gubernamentales.
De acuerdo con la investigación de la organización, la red de nueve empresas se encuentra controlada por el funcionario a pesar de que solo reconoce oficialmente cuatro de ellas en su declaración patrimonial.
Las cinco empresas restantes han tenido en su directorio a 11 de sus familiares y colaboradores más cercanos y han ganado más de 2,000 millones de pesos (unos 104.38 millones de dólares) en contratos por la venta de medicamentos a distintas autoridades.
Sobresale la Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), la cual ganó en lo que va de 2019 más de 164 millones de pesos (8.8 millones de dólares) en contratos adjudicados por el Gobierno de López Obrador.
Además, detalló MCCI, Abisalud firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, quien le asignó directamente un contrato por 36 millones de pesos (1.9 millones de dólares).
Durante su infructuosa campaña electoral por la gubernatura de Jalisco en 2018, el hoy "superdelegado" Lomelí, también de Morena, negó en reiteradas ocasiones estar relacionado con Abisalud ante las acusaciones de sus opositores.
En caso de probarse los señalamientos que hace MCCI en su investigación, este podría ser uno de los primeros casos de corrupción que enfrenta López Obrador dentro de su propio partido luego de haber repetido hasta la saciedad que su mandato se caracterizará por la ausencia total de impunidad ante ese délito.
La asociación MCCI, encabezada por el empresario y activista Claudio X. González Guajardo, ha desvelado importantes casos de corrupción del Gobierno mexicano como el de la Estafa Maestra, una trama de adjudicación de contratos a empresas fantasma, dada a conocer en 2017 durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
