En entrevista con El Universal, el auditor del gasto federalizado, Emilio Barriga, explicó que con el avance de la tecnología la dependencia no puede permanecer sin actualizarse. (TWITTER)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se prepara para echar mano de las nuevas tecnologías y del conocimiento de jóvenes egresados de la carrera de Ciencia de Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para no dejar un peso sin revisar del gasto federal, ejercido por aproximadamente 7 mil instituciones públicas.
En entrevista con El Universal, el auditor del gasto federalizado, Emilio Barriga, explicó que con el avance de la tecnología la dependencia no puede permanecer sin actualizarse.
Además, en caso de que la Unión Americana apruebe el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), el capítulo anticorrupción obligará a las autoridades del país a poner en marcha una auditoría más especializada que la que actualmente se realiza. "Son 2 billones [de pesos] los que tenemos que revisar anualmente y es una multiplicidad de fondo. Tenemos que asegurarnos que se haya hecho un buen uso de esos recursos", mencionó.
El experto habló con este diario sobre los convenios que llevarán a la ASF a su renovación, como el que la máxima casa de estudios avaló crear en marzo pasado, para que los egresados de la carrera de Ciencias de Datos colaboren con la dependencia. "Queremos que nos ayuden a construir y a programar algoritmos que nos permitan identificar alguna irregularidad.
"Es un mundo de información que si uno la quiere analizar de manera tradicional, con un Excel, pues es imposible, por eso se da el acercamiento con la Facultad de Ciencias, porque ellos saben procesar estos grandes volúmenes de datos", explicó Barriga Delgado.
Detalló que a los 7 mil entes que ejercen el gasto público en todo el país se les realizan cerca de 36 millones de facturas electrónicas por año, y para poder detectar redes de corrupción entre los ejecutores de los recursos y los proveedores, el ejercicio tarda meses.
Así que algunos de los algoritmos, agregó, que los egresados podrían ayudar a identificar son los que tienen que ver con las contrataciones de empresas fantasma y de dos o más firmas que tengan al mismo dueño, así como la compra de facturas falsas.
"De esas 36 millones de facturas podríamos saber cuántas corresponden a empresas fantasma, eso sabemos que es una irregularidad y una mala práctica que se usa en el país para desviar recursos. Con ese patrón también sabríamos quién compra facturas falsas", indicó.
Además, dijo, esperan firmar un convenio con el Banco Mundial el próximo mes de noviembre, para que sus auditores capaciten al personal especializado de la ASF y se puedan revisar los universos enteros del gasto federal con nuevos programas electrónicos.
Barriga Delgadillo señaló que los resultados serían palpables, como no dejar un peso sin auditar, pues ya no se tomarían muestras para auditar, sino sólo una parte del gasto; se podrían reconocer redes de corrupción en cuestión de horas, incluso se evitarían intentos de sobornos y amenazas a los auditores.
"Lo que se hace tradicionalmente es trabajar con muestras, porque es imposible ver todo el universo de lo auditado, mientras que ese subconjunto de casos es estadísticamente representativo del todo. Ahí se da oportunidad a los entes auditados que, sabiendo que no se revisa todo, cometan cierta irregularidad.
"Otro beneficio es que se podrían analizar las redes de relaciones entre proveedores y contratantes. En cuestión de minutos se podría ver cómo el gobierno o la dependencia contrató a las empresas fantasma y éstas, a su vez, fueron contratadas por otros usuarios, como municipios o universidades.
El funcionario señaló: "En la medida en que hay más interacción humana entre el auditor y el auditado, siempre hay un tema de captura del primero, que está expuesto y sujeto a amenazas y a componendas. Con el uso de las nuevas tecnologías, eso nos va a permitir interactuar lo menos posible".
Todos estos esfuerzos, de acuerdo con Barriga Delgado, se verán reflejados en la creación de una nueva área, la Dirección General de Inteligencia, con la que incluso forzarán a los sujetos obligados a ser auditados y a subir a un "buzón de auditoría" toda la documentación requerida por la ASF.
Especificó que a dicho buzón se le agregarán las herramientas de la firma electrónica y el sellado del tiempo, con el objetivo de registrar la hora exacta de las operaciones financieras que se realizan con el gasto público y los contratos que se signan entre entes y proveedores.
Adelantó que con el uso de las nuevas tecnologías se reducirán gastos, "por todo lo que implica mover a un ejército de auditores a todo el país", lo que también les permitirá a los entes auditados ahorrar, pues a través del buzón podrán aclarar observaciones irregulares sin tener que presentarse ante la dependencia.
Además de esos dos convenios, la Auditoría Superior de la Federación mantiene pláticas con la Secretaría de Economía (SE) para generar una base de datos única de proveedores acreditados por el gobierno federal, así como con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la información de cuentas y movimientos.
También tendrán un acuerdo con la Tesorería de la Federación, ya que a ellos les notifican dónde se van a depositar los recursos, en qué cuenta, cuántas y con qué periodicidad se deposita un monto. Con esa información se vería la trazabilidad del dinero.
"Muchas auditorías del mundo están avanzando en esta ruta y no queremos, obviamente, que la Auditoría Superior de la Federación se quede atrás. Queremos que vaya a la vanguardia y que no haya un peso que quede sin ser revisado por la ASF", aseguró el funcionario.
Plan para evitar malversación:
Los nuevos procedimientos para auditar utilizarán nuevas tecnologías.
Egresados de la carrera de Ciencias de Datos de la UNAM también participarán.
Los estudiantes crearán algoritmos para identificar irregularidades en el uso de los recursos.
Se prevé procesar grandes volúmenes de información.
Actualmente, el análisis de los datos se realiza mediante Excel, lo que dificulta el proceso.
Son 7 mil entes públicos cuyos gastos son revisados.
Estos facturan aproximadamente 36 millones de facturas electrónicas al año.
Se busca identificar la contratación de empresas fantasma.
La ASF espera firmar un convenio con el Banco Mundial.
La dependencia prevé que no quede ningún peso sin auditar del gasto federal.
