El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que el costo de construcción del proyecto del Tren Maya podría aumentar entre cuatro y 10 veces más que los 120 o 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal. (ARCHIVO)
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que el costo de construcción del proyecto del Tren Maya podría aumentar entre cuatro y 10 veces más que los 120 o 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal.
El centro de investigación señaló el Tren Maya enfrenta desafíos económicos, ambientales y sociales, y la experiencia internacional muestra que, en promedio, los proyectos ferroviarios elevan su costo en 45 por ciento sobre lo presupuestado.
Las experiencias a nivel mundial y nacional señala que para crear un proyecto de infraestructura ferroviaria que genere ganancias o, por lo menos no requiera de subsidios gubernamentales, es necesario que el gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados.
Al hacer un análisis de los desafíos que enfrentan este tipo de megaproyecto, dijo que entre estos destaca el aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte.
Indicó que el costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende a entre 479 mil 920 millones de pesos y un billón 599 mil 767 millones de pesos, un rango de cuatro a 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal.
El peor escenario sería aquel en el que la construcción del Tren Maya no cumpla con sus objetivos de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades por las que pasará, y que el gobierno federal acabe subsidiando con los recursos de los contribuyentes la vida útil de otro proyecto sin beneficios para nadie, advirtió.
En cuanto a las preocupaciones ambientales, apuntó que especialistas han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, la cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única.
Así como en la evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto, que deberá ser uno de los ejes centrales y preventivos de la decisión del gobierno para iniciar las obras, subrayó el IMCO.
Sobre las preocupaciones sociales, refirió que 56 por ciento de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi 100 por ciento corresponde a ejidos.
Asimismo, antes del inicio de la construcción, el gobierno tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena.
Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos antes de iniciar la obra.
En cuanto a sus recomendaciones, el IMCO consideró que la rentabilidad del proyecto podrá aumentar al incluir a la población en mecanismos de consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto, con lo que el gobierno podrá gestionar de mejor forma diversos riesgos sociales.
Asimismo, incorporar actividades distintas al turismo en la planeación de la obra; asegurar que las líneas se construyan en tramos urbanos, densamente poblados y cortos, y obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de iniciar la obra.
El centro de investigación también aconsejó evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos que puedan generar un mayor beneficio a la sociedad, un ejemplo de esto podría ser el Ferrocarril Transístmico.
