La epidemia del COVID-19 en México afectó a casi cinco de cada 10 reclusorios administrados por los gobiernos estatales y el federal, según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la que se tuvo acceso. (ARCHIVO)
La epidemia del COVID-19 en México afectó a casi cinco de cada 10 reclusorios administrados por los gobiernos estatales y el federal, según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la que se tuvo acceso.
En total, fueron 138 prisiones donde hubo al menos un caso de COVID-19 durante este año. Esa cifra equivale a 47% de las 291 cárceles registradas por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
El reporte de la CNDH, elaborado con información que los estados le envían, señala que hasta el 7 de diciembre las autoridades estatales y federales localizaron 2 mil 838 personas privadas de la libertad con COVID-19 y que murieron 242 (muertes sospechosas y confirmadas), además de que había 228 casos sospechosos.
La Ciudad de México y Puebla fueron las entidades con más reclusorios donde hubo al menos un contagio de la enfermedad (14 y 15, respectivamente).
En la capital, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente es donde se ubicó el mayor problema, con 338 contagios. Le siguieron el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, con 332; el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, con 276, y la Penitenciaría de la Ciudad, con 159.
En Puebla destacó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla, con 147 contagios.
A la distancia le siguieron el Cereso de Zacatlán, con 45 infecciones, y la cárcel de Ciudad Cerdán, con 31.
Otras prisiones donde se presentaron brotes importantes son el Centro Varonil de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 117 casos; el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 12, Guanajuato, con 102; el Cefereso Guadalupe Victoria, Durango, con 79; el Cereso de Colima, con 71, y la Comisaría de Prisión Preventiva de Jalisco, con 66.
Según los datos de la comisión nacional, prácticamente 31 estados de la República tuvieron coronavirus en alguno de sus centros penitenciarios, y en Morelos, una muerte sospechosa.
Especialistas consultados acusaron una falta de interés de las autoridades para atender la emergencia sanitaria de coronavirus en las cárceles, a pesar de que estos espacios son considerados de alto riesgo por la sobrepoblación, el hacinamiento y la falta de higiene.
"Se dejaron muy solos a los sistemas penitenciarios. En esto debe haber corresponsabilidad y no se nota que haya un espacio donde todas las autoridades y las dependencias de Estado muestren preocupación por las personas privadas de la libertad", mencionó José Luis Gutiérrez, director General de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
Durante los meses de crisis sanitaria, esta ONG hizo su propio seguimiento de contagios en prisiones. Hasta el 8 de diciembre, con base en información oficial y el reporte de los medios de comunicación, la asociación identificó 3 mil 767 casos positivos entre personas recluidas, custodios y otros trabajadores de todos los centros penitenciarios.
Asimismo, AsiLegal identificó por lo menos 20 incidentes de violencia —en 14 estados— derivados de las medidas que las cárceles tomaron para controlar los contagios, por ejemplo, la limitación de actividades o la prohibición de las visitas.
Ahora, en medio de una segunda ola de casos de coronavirus en México, José Luis Gutiérrez mostró su preocupación por el hecho de que se siga dejando en el olvido a todos los que se encuentran dentro de los centros de reclusión en el país.
"Terminó la primera ola de la pandemia y nos preocupó que regresamos a la normalidad, pero hay que entender que la normalidad de las personas privadas de la libertad es la invisibilización", indicó el experto.
Urgen a aplicar vacunas en cárceles
Esta casa editorial informó que en el primer semestre de 2020 los fallecimientos en los reclusorios estatales y federales aumentaron 143% respecto al mismo periodo de 2019, según el OADPRS.
Para evitar que las muertes y los contagios se sigan registrando, los especialistas piden que las cárceles sean contempladas dentro de la estrategia para aplicar la vacuna del COVID-19.
El pasado 8 de diciembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer el plan de vacunación contra el COVID-19; sin embargo, los expertos no pasaron por alto que no se especificó cuándo se van a atender las cárceles.
"Este tema va a ser uno muy importante. Se debe tener en cuenta que los reclusorios son espacios donde hay hacinamiento y sobrepoblación.
"Son un foco rojo y por lo tanto la Secretaría de Salud [federal] deberá contemplar a las personas privadas de la libertad como uno de los sectores vulnerables para la vacuna", aseguró Sofía Talamantes, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta.
Esta asociación civil fue otra que le dio seguimiento a la pandemia dentro de las cárceles.
A través de su Observatorio de Prisiones la ONG centró parte de sus esfuerzos en conocer las medidas que las autoridades tomaron para que no hubiera contagios en los reclusorios.
De esta manera, Documenta identificó que en todas las cárceles de sólo seis estados de la República se ofreció información a los familiares de los internos sobre los contagios.
De igual forma, sólo en las cárceles de siete entidades federativas se confirmó que se brindaba a los internos gel antibacterial, cubrebocas y había actividades de sanitización.
Respecto a las cifras oficiales del coronavirus en los centros penitenciarios, Talamantes consideró que la información de la CNDH puede tener un gran subregistro, pues, indicó, algunos de los estados no admitieron los contagios que había en sus centros de reclusión.
"Después del COVID-19 las autoridades tendrán que corregir las deficiencias que había en las cárceles del país.
"[Tendrán que] mejorar los servicios de salud, atender la sobrepoblación y otros problemas que vulneran los derechos de las personas privadas de la libertad", aseveró la experta.
