Se aprueban reformas para una vida sin violencia política de género e institucional, informó el Congreso del Estado. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El Poder Legislativo aprobó reformas a la Ley de Mujeres para una Vida sin Violencia, con las cuales será posible sancionar la violencia política de género e institucional.
A través de un comunicado, el Congreso del Estado informó que previo a la clausura del Periodo Ordinario de Sesiones, los integrantes de la XVIII Legislatura aprobaron el dictamen que en ese sentido presentaron los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo.
El documento señala que: "se establece que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres".
También, pretende "restringir el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo".
Este tipo de violencia puede ser ejercida por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
También, "se establece en la ley que son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia".
