La eutanasia se incluirá como prestación gratuita en España. (EFE)
El Congreso español aprobó por una amplia mayoría el proyecto de ley de la eutanasia, que despenaliza y regula por primera vez en España como un derecho la ayuda médica para morir, con el apoyo de la izquierda y los liberales y la oposición frontal de la derecha.
La norma, que será ratificada previsiblemente más adelante por el Senado, convertirá a España en el séptimo país del mundo donde la eutanasia es legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.
Para ello, el Congreso respaldó una propuesta legislativa del gobernante Partido Socialista por mayoría absoluta de la Cámara, en concreto 198 de los 350 diputados, con 138 votos en contra y dos abstenciones.
La eutanasia se incluirá como prestación gratuita del Sistema Nacional de Salud español. El paciente deberá confirmar la voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del procedimiento y los médicos podrán acogerse a la libertad de conciencia.
CUESTIÓN CONTROVERTIDA
La despenalización de la eutanasia es un asunto polémico en España desde hace años, tanto política como socialmente.
En un debate duro, los parlamentarios discutieron hoy sobre la vida, la muerte y si cada persona tiene derecho a poner fin a sufrimientos intolerables sin perspectiva de curación o mejoría.
"Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión", subrayó el ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa. Esta ley impone "sentido común y humanidad", agregó.
Por su parte, los opositores Partido Popular (PP, conservador) y Vox (extrema derecha) reivindicaron los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia.
Sin embargo, otras fuerzas de la cámara subrayaron que esos cuidados no bastan, aseguraron que el 80 % de la sociedad está a favor en las encuestas de regular la eutanasia y se decantaron por una ley garantista para que la ayuda médica a morir en un centro sanitario o en el domicilio deje de ser ilegal, tras un proceso deliberativo y con el control de una comisión especifica.
