García Hernández pidió adelantar la decisión cinco días y no esperar a que concluyera el mes.
Los superdelegados del Gobierno federal con aspiraciones políticas tenían como plazo ayer lunes para renunciar a sus puestos, de acuerdo con una instrucción de Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los aspirantes a un cargo de elección popular tenían de plazo el próximo sábado 31 de octubre para dejar el cargo.
Sin embargo, en un video enviado el pasado 22 de octubre a los funcionarios federales, García Hernández pidió adelantar la decisión cinco días y no esperar a que concluyera el mes.
"Compañeras, compañeros, vamos a apurarnos a que quienes tengan esta decisión, a más tardar el próximo lunes 26 de octubre (ayer), tengamos esta definición, vamos a hacer valer y seguir el ejemplo de estos dos personajes José María Morelos y Pavón y el presidente Juárez, ambos siempre actuaron con patriotismo y siempre respetaron las leyes", dijo.
"Todos los que deseen participar en los próximos procesos políticos electorales deben de separarse desde ahora de su cargo. Separarse con anticipación, para todos aquellos compañeros y compañeras que tengan aspiraciones políticas, es una necesidad".
El funcionario explicó que ayer mismo se realizaría un balance general para determinar las vacantes que dejarán quienes buscarán un cargo de elección popular.
En el mensaje, García Hernández recordó a los funcionarios que la Constitución establece prohibiciones para el uso político y electoral de los programas públicos, tanto en el artículo 19 como en el 134.
"Ahora, como un logro de la Cuarta Transformación, la Constitución en su artículo 19 establece que será delito grave y deberá declararse oficiosamente la prisión preventiva a quienes hagan uso de programas sociales con fines electorales", refirió.
"También en su artículo 134 se señala que todos los servidores públicos de la Federación, en todos los niveles de Gobierno, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre las fuerzas políticas. Éste es un logro de esta transformación que estamos viviendo".
Se dio a conocer ayer que, tras cobrar 2.7 millones de pesos del erario, por lo menos cinco 'superdelegados' del Gobierno federal se alistan para pelear por una de las gubernaturas que estarán en juego en el proceso electoral de 2021.
Con el argumento de que existe una instrucción presidencial para no ser "burócratas de oficina", sino servidores públicos en territorio, los funcionarios han aprovechado sus posiciones para placearse en las comunidades y promocionar su imagen en redes sociales y medios de comunicación.
Los cinco 'superdelegados' que han sido mencionados como posibles aspirantes a gubernaturas son Alejandro Ruiz Uribe, de Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur; Indira Vizcaíno Silva, de Colima; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, y Pablo Amílcar Sandoval, de Guerrero y quien ya renunció al cargo a principios de octubre.
