El 25 de agosto de 2011, un grupo de hombres armados entró al Casino Royale, regó combustible, prendió fuego y aseguró la única salida.
Familias de las 52 personas que murieron durante el ataque perpetrado por un grupo del crimen organizado en el Casino Royale, cumplen nueve años reclamando justicia, y esperan decir al presidente Andrés Manuel López Obrador -quien realizará una visita a la entidad el jueves- "que la corrupción y la impunidad es la bandera que ha ondeado" en este caso.
Samara Pérez Muñiz, madre de Xavier Muraira, una de las víctimas del incendio, refirió que hace unos días acudieron varios familiares a dialogar con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para conocer la situación que guardan los procesos contra los presuntos responsables del ataque.
Indicó que en la reunión se dieron cuenta de que los agresores están amparados y eso ha entorpecido los procesos legales.
Expuso que, de 15 presuntos participantes, tres están con sentencia y los demás tienen procesos abiertos y obstruidos por amparos, pues alegan supuestas violaciones a sus derechos sobre cómo fueron arrestados y argumentan que supuestamente fueron torturados.
"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tenido una apertura enorme para que asesinos confesos tengan esas oportunidades para defenderse en el sistema de justicia penal mexicano, el cual está muy vulnerado", dijo la mujer.
Agregó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debería representarlos para darle seguimiento a los procesos jurídicos, pero esto no ha sucedido.
El 25 de agosto de 2011, un grupo de hombres armados entró al Casino Royale, regó combustible, prendió fuego y aseguró la única salida. En el interior murieron 52 personas.
De acuerdo con las investigaciones, los responsables eran miembros del grupo criminal de Los Zetas. El ataque habría tenido lugar porque el dueño del casino se negó a pagarles por "seguridad".
SIN REPARACIÓN DEL DAÑO
Samara Pérez Muñiz admitió que la fiscalía local sí les ha proporcionado información, mientras que en la Fiscalía General de la República (FGR) "jamás nos han dado información clara sobre qué pasa con los líderes del crimen organizado que participaron en el ilícito".
Se quejó porque dentro de los procesos a los que han tenido que comparecer no se mantiene la secrecía de sus datos personales, lo que pone a los familiares en grave riesgo, "como es en diversos tribunales, algunos no mantienen la secrecía, por eso la urgencia de pedir la representación jurídica a la CEAV, porque estamos indefensos, mientras ellos [los procesados] tienen abogados particulares", expuso.
Aseguró que, a nueve años del atentado, no hay avances en la reparación del daño, situación que depende de la comisión, que actualmente está sin titular, tras la renuncia de Mara Gómez Pérez, hace dos meses.
"Estamos en el Registro Nacional de Víctimas siguiendo los lineamientos de la CEAV, pero sin que se vea una solución, seguimos a la deriva", dijo.
