María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura de EPN, dijo en Twitter que impugnará la inhabilitación y la multa.
En un caso sin precedentes, tres funcionarios de la Secretaría de Cultura del Gobierno pasado -la exsecretaria, María Cristina García Cepeda; el exoficial mayor, Francisco Cornejo; y la exdirectora general de Administración, María Eugenia Araizaga- fueron inhabilitados por 10 años para ocupar cualquier cargo en el servicio público federal, y multados como medida resarcitoria a pagar cada uno 19 millones 771 mil 154 pesos.
Fue el Órgano Interno de Control (OIC) de la actual Secretaría de Cultura -que encabeza Alejandra Frausto- el que "resolvió sancionar con la inhabilitación y la multa resarcitoria a los exservidores públicos", según el comunicado que emitió ayer la Secretaría de la Función Pública y que también divulgó la Secretaría de Cultura.
Función Pública precisó que la sanción es porque los exfuncionarios incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a la asociación civil Puerto Cultura para la realización del proyecto "Museo de Museos", que no se concretó.
Planeado para edificarse en un predio del Centro Histórico -en República de Argentina 12, esquina con Donceles, en un edificio neoclásico que fue construido entre 1795 y 1805 por Manuel Tolsá- el nunca logrado museo ha cargado con una historia de cuestionamientos hacia las autoridades que aprobaron los recursos y hacia los promotores del mismo, la A.C. Puerto Cultura, que integraban, entre otros, Sergio Raúl Arroyo, exdirector del INAH, y Eduardo Vázquez, exsecretario de Cultura de la ciudad y actual director de San Ildefonso.
Función Pública informó que detectó irregularidades en la donación al proyecto concebido para el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, pero que no se contaba con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para desarrollar trabajos en el inmueble, como lo manda la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales.
Los 59 millones, detalló Función Pública, se entregaron en dos momentos: 50 millones en marzo de 2017, y 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018. La dependencia concluyó que se "causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables".
Desde julio de 2019, el OIC había señalado irregularidades, e incluso, en febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación también cuestionó el caso.
LOS INVOLUCRADOS
María Cristina García Cepeda, quien fue secretaria de Cultura desde el 4 de enero de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, dijo ayer en Twitter que impugnará la inhabilitación y la multa. A través de un breve comunicado, la exfuncionaria expresó que las sanciones que le impuso el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura "son notoriamente infundadas", y que por ello impugnará dentro de los plazos que le concede la ley.
Añadió: "He aportado documentación, soporte, sobre las decisiones administrativas que se tomaron en su momento. Contribuyo con las instituciones a aclarar debidamente cada punto sobre este caso. He trabajado siempre bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y el apego irrestricto a la legalidad en mis más de 40 años de servicio público en diversas instituciones culturales", señaló García Cepeda, quien es actualmente encargada del área cultural del PRI.
Francisco Cornejo dijo que buscará aclarar su situación, porque es un tema "confuso y desvirtuado". En un breve mensaje comentó que recurrirá ante la instancia correspondiente e ingresará un documento que "refuta la resolución que es de carácter administrativo y no legal. Lo único que puedo decir es que la información está confusa y no permite verla con claridad".
María Eugenia Araizaga señaló que "la resolución del citado órgano fiscalizador está basada en apreciaciones carentes de certeza jurídica, por lo que en mi derecho y dentro de los plazos que me concede la ley, impugnaré esta resolución ante las autoridades correspondientes. En todo momento he actuado bajo los principios de legalidad y transparencia que obligan el servicio público, coadyuvado con los procesos de integración documental y de rendición de cuentas que me solicitó la autoridad, con la debida oportunidad".
