La SFP pasó a 22 unidades administrativas y no contempla crear nuevas plazas de trabajo.
Con la publicación del nuevo reglamento interno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó una reorganización de su estructura interna.
El trabajo de la dependencia se reorganiza en dos subsecretarías: la de Combate a la Corrupción y la de Combate a la Impunidad, además se crea la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de Corrupción.
"Confirma el renacimiento de la institución para cumplir con su tarea fundamental de asegurar que el Gobierno de México vele por el interés general y beneficie a todos los mexicanos, tal y como lo demuestran los resultados alcanzados hasta ahora", expresó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Con la creación de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de Corrupción, se prevé el fortalecimiento del padrón de integridad empresarial, el programa de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción y la contraloría social, que permita involucrar a la ciudadanía a la vigilancia y fiscalización de recursos públicos, la prevención y eliminación de los actos de corrupción.
"Se refuerza el combate a la corrupción con la integración estructural de los órganos internos de control de toda la administración pública federal, que anteriormente no contaban con autonomía suficiente al ser parte de las mismas instituciones a las que vigilaban, con riesgo de caer en conflictos de interés", precisó.
La SFP pasó de 32 a 22 unidades administrativas y no se contempla la creación de nuevas plazas de trabajo, acotó.
La dependencia también informó que el reglamento interior integra cinco ejes rectores, los cuales son ciudadanización del combate a la corrupción y la impunidad, democratización de las tecnologías, protección a ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, relanzamiento del servicio profesional de carrera con perspectiva de género, fiscalización y austeridad.
La institución reportó que se han realizado dos mil 500 auditorías, unas 10 mil observaciones que suman 544 millones de pesos, ha iniciado más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas, cuatro mil 700 sanciones a servidores públicos, de los cuales mil 504 fueron inhabilitados.
