La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), principal regulador en el ámbito de la privacidad en Europa, confirmó que ha iniciado dos investigaciones sobre la gestión de datos de menores en la red social Instagram. (ESPECIAL)
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), principal regulador en el ámbito de la privacidad en Europa, confirmó que ha iniciado dos investigaciones sobre la gestión de datos de menores en la red social Instagram, propiedad del gigante Facebook.
El diario británico "The Telegraph" informó que la DPC, con sede en Dublín, ha recibido denuncias sobre irregularidades respecto al uso de datos personales, que incluyen la supuesta publicación de direcciones de correo electrónico y números de teléfono de menores de 18 años.
La edad mínima para poder abrir una cuenta personal en Instagram, propiedad de Facebook, cuya base de operaciones europeas está en Dublín, es de 13 años.
El citado medio se hizo eco de una denuncia presentada por el experto en datos David Stier, quien detectó que Instagram supuestamente cambió la configuración "perfiles personales" a parámetros de "perfiles de cuentas de negocios".
Este tipo de perfiles expone a la vista del público las direcciones de email y número de teléfono, al tiempo que permite a los dueños detectar a los usuarios que acceden a sus imágenes y contenidos.
Además, cualquier individuo que quiere abrir una cuenta de negocios no está obligado por Instagram a demostrar que es el responsable de la empresa en cuestión.
Con estas dos investigaciones, la DPC trata de establecer, primero, si Facebook puede, con la ley en la mano, procesar este tipo de datos y si emplea un sistema de restricciones y/o protecciones adecuado en Instagram.
La segunda pesquisa analiza si Facebook cumple con las obligaciones adquiridas como "controlador de datos" para asegurar que sus normas de uso para menores son transparentes.
Desde 2018, la DPC, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea (UE), tiene competencias para aplicar multas por irregularidades en la gestión de datos personales de hasta 20 millones de euros o de una cantidad equivalente al 4 % de los ingresos globales de la compañía infractora, la que sea más alta.
