Las leyes que enmarcan la vida pública de nuestro país, estados y las normas municipales, surgen o se reforman por distintos motivos, necesidades, movimientos o factores que influyen en determinada coyuntura.
Este octubre que recién termina ha sido particularmente importante para México en materia del cumplimiento legislativo para implementar la Nueva Agenda Urbana (NAU), aprobada y refrendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2016. Este importante documento que constituye una guía hacia la construcción de ciudades más sostenibles, igualitarias y prósperas, incluye al menos veinte veces la palabra "movilidad" en su contenido. Es decir, que considera este importante eje de desarrollo urbano como uno fundamental para alcanzar sus objetivos.
El 14 del mes pasado, la Cámara de Diputados aprobó elevar a derecho constitucional el de las personas a "una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad". Este paso trascendente a nivel legislativo llegó de la mano de cientos de organizaciones civiles de todo el país que han promovido, discutido, impulsado y exigido un marco legal para transitar en ciudades y caminos más seguros.
Sin embargo, pasar de las leyes y reformas a las acciones, la construcción de obras y la evaluación de gestiones, requiere del diseño de políticas públicas específicas para su implementación. Y el diseño de políticas públicas requiere, a su vez, de la participación de distintas instituciones, la acotación de los ámbitos de concurrencia para el caso de zonas metropolitanas, así como de la recopilación de información e, idealmente, de las experiencias que puedan aportar las asociaciones de ciudadanos organizados en torno al tema particular y a los aspectos en que tendrá repercusión.
También en el 2016 fue promulgada en México una ley importante para dar certeza y procurar legitimidad en la toma de decisiones en el territorio nacional: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que precisa los temas de interés metropolitano, las atribuciones para los tres órdenes de gobierno y los mecanismos e instrumentos de gobernanza, incluyendo de participación ciudadana para la planeación y toma de decisiones en zonas urbanas de esta composición.
Llevar esta ley a su implementación en La Laguna ha pasado por su aprobación en los congresos locales de Coahuila y Durango en el 2018 y espera desde el mes de febrero de este año la firma de un convenio de coordinación para iniciar el proceso de institucionalización metropolitana de nuestra zona urbana. Metrópoli Laguna se ha constituido como una red de organismos cuyo propósito fundamental es acompañar con estrategias de comunicación y gestión a este proceso, así como construir sinergias de participación ciudadana sustantiva que puedan integrarse de manera eficaz y plural a las instancias de gobernanza metropolitana contenidas en las leyes y dicho convenio.
A la par de ese proceso concreto derivado de la promulgación de la LGAHOTDU, desde Metrópoli Laguna también vamos sembrando semillas de coordinación y acuerdos inter-municipales e interestatales, y participamos promoviendo ejercicios de esta naturaleza en temas coyunturales y estratégicos. La atención a la crisis por pandemia de Covid-19, por ejemplo, seguimos sosteniendo que será ineficaz mientras no se concrete un mecanismo de actuación y un protocolo de prevención a nivel metropolitano, que involucre a los tres órdenes de gobierno y se articule exitosamente con la sociedad civil, las y los expertos, las empresas y las instituciones médicas privadas.
