El panel dijo que el Gobierno estaba procediendo con la construcción del muro fronterizo sin garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Un tribunal federal de apelaciones falló el viernes en contra del gobierno del presidente Donald Trump en relación con la reasignación de 2,500 millones de dólares de proyectos de construcción militar para erigir secciones del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, y señaló que el gobierno eludió ilegalmente al Congreso, el cual es el que decide cómo utilizar los fondos.
El Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito convino con una coalición de estados fronterizos y grupos ambientalistas que alegaron que la reasignación del dinero fue ilegal y que construir el muro plantearía amenazas ambientales. El fallo es el giro más reciente en la lucha legal que ha ido en gran parte a favor de Trump. En julio del año pasado, la Corte Suprema permitió que se gastaran los 2,500 millones de dólares mientras continuaba el litigio, lo que mitiga el impacto del fallo de hoy del tribunal de apelaciones.
El gobierno ya ha distribuido gran parte del dinero, incluido un contrato de 1,300 millones de dólares en Arizona que se anunció el mes pasado. Trump visitó Yuma, Arizona, el martes para celebrar la construcción de 320 kilómetros (200 millas) de muro fronterizo durante su gobierno, la mayoría de eso realizado con los fondos militares reasignados que el tribunal de apelaciones del 9no circuito determinó que fue una acción ilegal.
Luego de la reasignación de los 2,500 millones en fondos militares, el Pentágono reasignó otros 3,600 millones que un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans falló en enero podían gastarse.
El 9no Circuito falló que el gobierno de Trump no sólo carecía de la autoridad para autorizar la reasignación de fondos, "sino que también violó una prohibición constitucional explícita diseñada para proteger las libertades individuales". La votación fue de 2 a favor y 1 en contra, en la que los jueces designados por el expresidente Bill Clinton conformaron la mayoría y un nominado de Trump disintió.
El panel dijo que el gobierno estaba procediendo con la construcción del muro fronterizo sin garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, y por lo tanto iba a dañar los intereses de los miembros del Sierra Club que visitan la región para practicar senderismo, observación de aves y otras actividades recreativas.
También sostuvo que el gobierno no mostró que la construcción disminuiría el flujo de drogas ilegales. Señaló que el gobierno había citado estadísticas del tráfico de drogas, pero no abordó cuál sería el impacto del muro en el problema.
"El poder ejecutivo no mostró, en términos concretos, que el interés público que favorece un muro es particularmente significativo dado que el Congreso determinó que la valla sería una prioridad presupuestaria menor, y la información del Departamento de Justicia apunta a una conclusión contraria", escribieron los jueces que votaron a favor.
El procurador general de California, Xavier Becerra, que encabezó una coalición de fiscales de 20 estados que demandaron al gobierno, celebró la decisión del tribunal.
"Hoy, el tribunal le recordó al presidente, nuevamente, que nadie está por encima de la ley", dijo Becerra en un comunicado. "Mientras el gobierno de Trump roba fondos públicos para construir un muro no autorizado en la frontera sur, familias a lo largo y ancho del país tienen problemas para pagar sus recibos. Merecen saber que sus dólares ganados con tanto esfuerzo van a donde el Congreso pretendía: para beneficiarlos a ellos y a sus comunidades".
