El IEPC tuvo observaciones por el 8.74 % de su presupuesto, lo que equivale a más de 18 mdp. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Ya está en curso la revisión de las cuentas públicas del año 2019 y aún hay procedimientos abiertos con relación a las cuentas públicas de 2018, cuando no fueron aprobados los dictámenes de 10 entes fiscalizables.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Pablo César Aguilar, informó que ya se abordó el seguimiento a las cuentas públicas 2018 con el nuevo auditor estatal, ya que algunos alcaldes presentaron documentación, por lo que el monto de observaciones podría bajar.
"Creo que algunos alcaldes han estado solventando algunas de las observaciones porque faltaba alguna documentación comprobatoria o justificativa y es lo que nosotros vamos a analizar y tendrá que proceder", dijo.
Por lo que consideró prioritario establecer cómo se deben integrar los expedientes para que no haya problemas a la hora de que la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) los revise.
SIGUEN PENDIENTES
Las cuentas públicas 2018 de 10 entes fiscalizables no fueron aprobadas por el Congreso del Estado el año pasado por haberse detectado inconsistencias de consideración.
Se trata de los municipios de Canelas, Hidalgo, Mapimí, Otáez, Pánuco de Coronado, Pueblo Nuevo, San Bernardo, Súchil y Tlahualilo, además de la cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que, aunque no excedió el 15 % de su presupuesto en observaciones, tuvo un monto de 18 millones de pesos observados.
Cabe señalar que el de mayor porcentaje observado fue el municipio de Súchil, con el 50.82 %, mientras que San Bernardo tuvo inconsistencias por el 19 % del presupuesto autorizado.
Entre tanto, la cuenta pública del municipio de Pueblo Nuevo tuvo el 13.41 % de observaciones, Tlahualilo el 13.74 %, Otáez el 13.51 %, Mapimí el 9.13 % y Canelas el 8.43 por ciento.
El IEPC tuvo observaciones por el 8.74 % de su presupuesto, lo que equivale a 18 millones 700 mil pesos.
Estas cuentas públicas no fueron aprobadas por el Pleno del Congreso, por lo que continúa el procedimiento para determinar sanciones a los los exalcaldes y autoridades responsables, así como la posibilidad de denuncias penales.
