El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, presentó este jueves a consideración del Congreso un amplio, ambicioso y esperado proyecto de reforma administrativa, que busca esencialmente reducir el fuerte peso de la nómina en las deficitarias cuentas públicas de Brasil. (ARCHIVO)
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, presentó este jueves a consideración del Congreso un amplio, ambicioso y esperado proyecto de reforma administrativa, que busca esencialmente reducir el fuerte peso de la nómina en las deficitarias cuentas públicas de Brasil.
Aunque aún será presentado oficialmente al Congreso en una ceremonia prevista para la tarde de este jueves, el texto básico de la reforma, anunciada desde que el líder ultraderechista asumió su mandato, en enero de 2019, fue publicado en el Diario Oficial y detallado en una rueda de prensa por el equipo económico del Gobierno.
La reforma altera profundamente las reglas para contratación, remuneración y ascensos de empleados públicos y elimina privilegios, por lo que tiene capacidad para reducir significativamente los gastos futuros del Estado, según explicaron los portavoces.
Como ya lo había anticipado el jefe de Estado para reducir la resistencia al proyecto y las presiones de los sindicatos, la reforma no afecta los derechos de los actuales empleados pero sí reduce los beneficios y restringe la estabilidad de los futuros.
Entre otras medidas, la reforma permite que los empleados públicos sean despedidos por "desempeño insuficiente", algo hoy prohibido por ley, que sólo permite que un funcionario pierda el cargo por sentencia judicial contra la que ya no tenga recursos o por infracción disciplinaria.
La iniciativa flexibiliza las normas con las que el Estado puede despedir empleados en caso de que lo necesite por dificultades fiscales y le permite reducir la jornada de trabajo de los funcionarios con reducción proporcional del salario.
El texto también prohíbe las promociones automáticas tanto de cargo como de salario que los funcionarios van acumulando por tiempo de servicio, aumenta la rigurosidad en los procesos de selección y reduce el número de carreras del Estado.
La reforma sólo garantiza estabilidad para las llamadas carreras típicas del Estado, como diplomáticos, militares, comisarios de policía y auditores fiscales, tras al menos 3 años de vínculo.
FIN A LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS
Los empleados que no pertenecen a carreras del Estado serán contratados inicialmente por un período de un año de experiencia y después tendrán con contrato por tiempo indeterminado, pero sin estabilidad, es decir que podrán ser despedidos si es necesario.
El texto limita las vacaciones de los empleados públicos a 30 días al año, como en la iniciativa pública, en un país en que algunos funcionarios llegan a tener hasta 90 días de descanso.
Una de las medidas más polémicas permite al jefe del Estado, mediante decretos ejecutivos y sin necesidad de aprobación del Congreso, reorganizar los órganos públicos y transformar cargos públicos, desde que tales modificaciones no eleven los gastos.
La reforma para racionalizar el servicio público y reducir los gastos con personal es uno de los pilares de la política económica de corte liberal impulsada por Bolsonaro desde que asumió y que busca reducir el tamaño del Estado y disminuir el enorme déficit en las cuentas públicas, una de las principales preocupaciones del mercado financiero.
Los otros pilares son la reforma a las pensiones, aprobada el año pasado, y la reforma tributaria, que aún no ha sido presentada.
El Gobierno estaba esperando una coyuntura más positiva para presentar su propuesta de reforma administrativa pero los efectos de la pandemia del coronavirus, que elevaron el déficit y la deuda pública a niveles históricos, obligó al mandatario a anticipar su envío al Congreso.
Como consecuencia de las medidas para enfrentar la pandemia, especialmente los subsidios para informales y desempleados y ayudas a las empresas, el déficit fiscal nominal de Brasil alcanzó el equivalente al récord 16.30 % del PIB entre enero y julio de este año, frente al 5.91 % que registró en el mismo periodo de 2019.
Además, la deuda pública de Brasil saltó desde el equivalente al 75.8 % del PIB en diciembre de 2019 hasta el 86.5 % en julio y, según el Banco Central, puede llegar al 100 % al final de 2020.
Por tratarse de una enmienda constitucional, el proyecto tiene que ser aprobado por mayoría de dos tercios de los parlamentarios, lo que exige el respaldo de 308 de los 513 diputados y 49 de los 81 senadores, en dos votaciones plenarias en cada cámara.
Según el Gobierno, los gastos del Estado con los salarios de los cerca de 11,4 millones de empleados públicos del país (el doble que hace 30 años), incluyendo los del gobierno central y los de administraciones regionales y municipales, representan el 13 % del PIB brasileño, muy por encima de lo que se destina a la educación (6 %) y a la salud (3.9 %).
Los gobiernos de 25 de los 27 estados brasileños destinan más del 60 % de sus presupuestos anuales al gasto con funcionarios.
Según un estudio del Gobierno, mientras que el número de empleados públicos creció un 125 % en los últimos 30 años, el de trabajadores en el sector privado creció un 96 %; y mientras que el salario promedio de los funcionarios saltó un 23.5 % en el período analizado, el de los empleados privados casi no varió.
