La iniciativa fue presentada este martes por la diputada Claudia Yáñez Centeno, de Morena, y establece que en el caso de que esos funcionarios quieran ser abanderados, sólo puedan serlo si se separan del cargo 3 años antes de la elección, en el caso de que quieran contender a gobernador, y 1 año antes en caso de aspirar a una senaduría, diputación federal, local o alcaldía. (ESPECIAL)
Diputados de todos los partidos impulsan candados para evitar que los superdelegados de programas del bienestar y su coordinador general, estén impedidos para ser candidatos y puedan hacer mal uso de los programas sociales.
La iniciativa fue presentada este martes por la diputada Claudia Yáñez Centeno, de Morena, y establece que en el caso de que esos funcionarios quieran ser abanderados, sólo puedan serlo si se separan del cargo 3 años antes de la elección, en el caso de que quieran contender a gobernador, y 1 año antes en caso de aspirar a una senaduría, diputación federal, local o alcaldía.
La propuesta de reforma a los artículos 69, 74, 78, 89, 108 de la Constitución fue suscrita también por casi 70 legisladores más, de Morena, PAN, PRD, PRI y PT.
De acuerdo al documento se busca reducir el uso discrecional de padrones de los programas sociales con fines electorales, dados los señalamientos de que los superdelegados han incurrido en esas conductas.
Con ese mismo objetivo se propone establecer que el titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados "a fin de establecer un orden político y democrático que implique el equilibrio y proteger los recursos públicos del Estado de conflictos de interés".
Y se propone también que en adelante "podrá ser llamado a comparecer ante el H. Congreso de la Unión cuando éste lo solicite, a fin de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo y uso de los recursos públicos federales".
En su iniciativa Yáñez Centeno recordó que el pasado 22 de octubre la secretaria del Bienestar, Luisa María Albores, recibió, en el marco de su comparecencia ante la Cámara, denuncias de que delegados federales han realizado proselitismo político y "reconoció que se inició una investigación por posibles actos de corrupción".
Dos días después, el 24 de octubre, también en comparecencia ante diputados, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que hay 12 denuncias en contra de 10 delegados federales.
Estos son de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco, señalados por presuntamente haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.
Además el 23 de enero pasado Sandoval informó que hay 102 denuncias presentadas ante la SFP, 30 fueron presentadas en contra de delegados y 6 contra exdelegados, incluida la indagatoria que se lleva contra el exdelegado de Jalisco.
Actualmente se encuentra en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución de una denuncia interpuesta por el PRD en contra de los superdelegados y los servidores de la nación, acusados de irregularidades electorales y proselitismo electoral durante la entrega de programas sociales.
El actual coordinador general de los superdelegados, Gabriel García, fue senador de Morena, apoderado de la asociación Honestidad Valiente –presidida por Alejandro Encinas- coordinador de la defensa del voto del entonces candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, en 2012, y exsecretario de Organización de Morena.
